Tres personas han muerto y cientos han sido detenidas este jueves en una nueva jornada de protestas multitudinarias en la India contra la ley de ciudadanía, que permite conceder permisos a inmigrantes irregulares de países vecinos siempre que no profesen el islam. Las concentraciones suponen un aumento del pulso al Gobierno, ya que juntaron a decenas de miles de personas en distintos puntos del país, pese a la prohibición de manifestarse en partes de Nueva Delhi y en los Estados de Uttar Pradesh y Karnataka, y a los cortes de las comunicaciones móviles decretados por las autoridades. El desafío de la prohibición —rescatada de un artículo de una ley heredada del pasado colonial británico que impide las reuniones públicas de más de cuatro personas— ha supuesto la detención de centenares de manifestantes. Más de mil, según medios locales, entre ellos el académico y reputado autor Ramachandra Guha.
En una reacción ciudadana que no se recuerda desde las marchas por la independencia, las protestas de estudiantes, académicos, grupos musulmanes y políticos se han multiplicado en las principales ciudades del país. Desde Bombay (oeste) hasta Calcuta (este) pasando por Bangalore (sur) y Nueva Delhi (norte), personas de todo credo, casta y grupo social se han manifestado contra una ley que, aunque solo discrimina a la comunidad musulmana (un 14% de la población del país), muchos consideran un golpe al espíritu secular de India.
“Soy hindú, pero la ley de ciudadanía no es solo un ataque hacia nuestros hermanos musulmanes, sino una violación de nuestra Constitución. ¿Quiénes serán los siguientes?”, preguntaba a este diario Anjali Mishra, estudiante de 21 años concentrada con varios compañeros, tanto musulmanes como hindúes, y otras 5.000 personas en August Kranti Maidaan, la misma explanada en la que Mahatma Gandhi inició el movimiento que daría fin al colonialismo británico en el subcontinente. “Hay que parar a este Gobierno y la violencia estatal contra las protestas pacíficas”, aseguraba Mishra.
Los Estados del noreste, incluida la capital, han registrado choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Dos personas han muerto en protestas violentas en Mangaluru, en el sur, y otra en Lucknow, en el norte, según fuentes hospitalarias. Al menos dos de ellas por disparos.
Las autoridades trataron de poner freno a las dos protestas convocadas en la capital con un nutrido dispositivo policial y cientos de barreras metálicas. La policía forzaba a muchos manifestantes a montarse en un autobús, mientras que estos entregaban rosas rojas a los agentes que les obligaban a dispersarse.
Las prohibiciones se han extendido a las redes de comunicación. El Ejecutivo ha cortado el uso de Internet en varias zonas del norte y los servicios telefónicos de todo tipo en determinadas áreas de la capital. El aeropuerto internacional de Nueva Delhi también ha tenido que retrasar 700 vuelos y cancelar otros 20 a causa del corte de calles y del uso de cañones de agua contra los manifestantes, también empleados en Thiruvananthapuram, capital del Estado de Kerala, en el sur.
La modificación legal que ha originado las protestas, impulsada desde principios de año por el Ejecutivo del primer ministro Narendra Modi, concede asilo y ciudadanía a cualquier inmigrante irregular de Bangladés, Afganistán y Pakistán, siempre y cuando haya entrado en la India antes del 31 de diciembre de 2014 y no profese el islam. El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos la ha calificado de "fundamentalmente discriminatoria".
Aunque el nuevo marco legal no afecta a los cerca de 200 millones de indios musulmanes, estos temen que se instrumentalice contra su comunidad, junto con el anunciado Registro Nacional de Ciudadanía. En agosto, el programa piloto de este nuevo censo ya dejó a cerca de dos millones de personas en el Estado de Assam expuestas a la expulsión por apátridas. Esto, unido a los continuos linchamientos a minorías y a la reciente decisión de construir un templo hindú sobre los escombros de una mezquita, ha provocado la indignación no solo de la comunidad musulmana, sino también de parte del resto de la población tras cinco años de políticas nacionalistas hindúes del Gobierno de Modi.
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