Casi 40.000 venezolanos han recibido este año un permiso para residir y trabajar legalmente en España por razones humanitarias. Las 39.697 autorizaciones tienen un plazo de un año, prorrogable 12 meses más. Este reconocimiento se concede prácticamente en su totalidad a venezolanos solicitantes de protección internacional que no cumplen con los requisitos establecidos por ley para ser reconocidos como refugiados pero que, por decisión del Gobierno, reciben casi automáticamente este permiso. Otras nacionalidades, como la ucrania, la salvadoreña, la hondureña y la colombiana, suman entre todas poco más de un centenar de autorizaciones de este tipo.

Priorizar la resolución de los expedientes de venezolanos, más de un 60% de todos los casos estudiados, es parte de la estrategia adoptada por el Ministerio del Interior para aliviar la saturación que enfrenta la Oficina de Asilo y Refugio. Los venezolanos, sumidos en una crisis humanitaria, suponen aproximadamente el 35% de los casi 110.000 solicitantes de asilo que han llegado a España este año; y la resolución rápida de sus casos permite descongestionar ligeramente el sistema. Aunque sobre el papel, debe estudiarse caso por caso, los expedientes de los venezolanos se tramitan más rápido porque a un 96%, según la EASO, se les deniega el estatus de refugiado o la protección subsidiaria, las principales figuras de la protección internacional.

La Oficina de Asilo acumula cerca de 120.000 expedientes sin resolver, casi una cuarta parte del total de casos pendientes en toda la Unión Europea, según datos de septiembre de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, en sus siglas en inglés). La demora en resolver los casos ha llevado ya a la red de acogida, a la que acuden los solicitantes de asilo más vulnerables, al borde del colapso. Desde hace meses son recurrentes las imágenes de familias durmiendo al raso en Madrid.

A pesar de las cifras que posicionan a España como uno de los países más lentos en resolver expedientes de la UE, la Oficina de Asilo ha resuelto este año 62.641 solicitudes, cinco veces más que en 2018.

Interior atribuye esta mejora al plan de choque que puso en marcha el ministro Fernando Grande-Marlaska y por el que, hasta ahora, se han convocado 219 plazas de interinos para reforzar la plantilla y se trabaja en actualizar un programa informático de los años 90.

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