No han tardado ni 48 horas en comenzar los enfrentamientos. “No podemos seguir siendo prisioneros del Reino Unido en contra de nuestra voluntad”, ha dicho Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia. La líder del Partido Nacional Escocés (SNP) no llegó a descartar la posibilidad de recurrir a la desobediencia civil, ante el rechazo de Boris Johnson a que se celebre el año que viene otro referéndum de independencia como el de 2014.
"Nos dijeron en 2014 que se trataba de una decisión para toda una generación”, ha respondido el ministro jefe del Gabinete de Johnson, Michael Gove. “No va a haber un nuevo referéndum en Escocia”. El SNP arrasó en prácticamente todas las circunscripciones de ese territorio en las elecciones del pasado jueves. Logró 48 diputados, 13 más de los que ya tenía en la Cámara de los Comunes. Sturgeon, quien se presentó a los comicios con la promesa de preparar una nueva consulta sobre la independencia en 2020, se siente legitimada para dar comienzo a la ofensiva. “No pueden simplemente encerrarnos en un armario y arrojar la llave. Si el Reino Unido desea seguir unido, debe ser por consenso de las partes. Si Boris Johnson confía tanto en la fortaleza de los argumentos para mantener esa unión, debería tener la misma confianza en permitir que sean los ciudadanos los que decidan”, afirmó la líder escocesa.
El sector más independentista del SNP ha recobrado sus fuerzas gracias al Brexit, que en Escocia fue mayoritariamente rechazado. Cuando en 2014 se celebró la campaña a favor y en contra de la independencia, el argumento central para convencer a los ciudadanos de que permanecieran en el Reino Unido fue precisamente la amenaza de que la secesión supondría inevitablemente quedar fuera de la UE. Con la llegada de Johnson a Downing Street, el abandono de las instituciones comunitarias no tiene ya vuelta atrás y para los independentistas se trata de “un factor de fuerza mayor” que cambia las reglas del juego y legitima volver a reclamar un nuevo referéndum.
Preparan, según el diario The Times, toda una ofensiva de comunicación y relaciones públicas con el propósito de poner en evidencia la intransigencia del Gobierno británico e inclinar la opinión escocesa a favor de la secesión. Los escoceses acudirán en 2021 a unas nuevas elecciones regionales en las que los sondeos apuntan a una mayoría de los partidos defensores de la independencia (el SNP y el Partido Verde). Por eso los conservadores de Edimburgo reclaman al Gobierno de Johnson que realice ya gestos de aproximación, que pasarían sobre todo por la “devolución” (el término legal y político con el que se denomina el proceso) de algunas competencias. Sobre la mesa del Ejecutivo británico existe desde hace ya tiempo el informe elaborado por Andrew Dunlop, exministro para Escocia, que propone una serie de cambios en la estructura ministerial para fortalecer la unión e incluir el punto de vista e intereses escoceses en muchas de las grandes decisiones.
En juego, sin embargo, está la estrategia política del propio Johnson. Sus planes para aumentar las inversiones públicas en todo el país persiguen no solo terminar de afianzar a todos los votantes laboristas que decidieron el jueves darle un voto de confianza, sino convencer a los escoceses de las ventajas de seguir unidos.
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