De acuerdo con el Informe de la Situación Represiva Nacional y la Actualización del Archivo de casos de Personas Asesinadas por el Estado presentado este viernes 13 en Buenos Aires, el Gobierno de Macri fue el más represor desde 1983, cuando terminó la dictadura militar.
"Podemos hacer esa afirmación con total y absoluta precisión. No se permite otra conclusión", dijo a Sputnik María del Carmen Verdú, presidenta de la Correpi. "Al kirchnerismo [que gobernó entre 2003 y 2015] le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 46 horas a uno cada 30. El macrismo, en apenas cuatro años, pasó a una muerte cada 19 horas", subrayó.
Entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2019 murieron 1.833 personas por gatillo fácil, tortura en comisarías o en la cárcel, según la Correpi.
Los argentinos enfrentaron un escenario de excepción, con "récord absoluto de muertes por el gatillo fácil y la tortura en democracia y el mayor índice de la historia en detenciones arbitrarias", se lee en el informe.
A su vez, se advierte que es "imposible" calcular la "cifra negra" del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura.
La Correpi considera que la "alianza de Cambiemos cumplió las reglas del manual del sistema: concentración y consolidación de riqueza en pocas manos, con comando concentrado del aparato represivo del Estado para garantizarlo", dice el informe.
La Correpi le exige al Gobierno de Alberto Fernández, que asumió este martes 10, tomar medidas "urgentes e imprescindibles" para terminar con la represión, militarización de los barrios y las calles, las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil.
"Después de casi 30 años militando para instalar y que se entienda que el gatillo fácil es política de Estado, no es para nada menor que un presidente ante la Asamblea Legislativa, en el momento de la asunción del mando, haya reconocido que el gatillo fácil existe como política de Estado y haya dicho que hay que terminar con la lógica de justificar el disparo por la espalda", dijo Verdú sobre el discurso de Fernández.
Sin embargo, advirtió que "además de decirlo hay que hacerlo". También indicó que hay una contradicción entre el dicho y el hecho: "Mientras él dice eso en el Congreso de la Nación, en la Legislatura Provincial están juramentando ni más ni menos que al coronel Sergio Berni, probado represor por derecho propio, defensor de la 'Doctrina Chocobar' y del uso de las [pistolas] Taser, para dirigir ni más ni menos que a la [Policía] Bonaerense".
La resolución 956/2018 habilitó a los agentes de las fuerzas de seguridad a disparar en defensa propia o de otras personas, para impedir la comisión de un delito grave, que presente peligro inminente para la vida de las personas o para impedir la fuga de quien represente ese peligro. Es lo que se ha dado en llamar la 'Doctrina Chocobar', en referencia al policía que mató a un ladrón que asaltó y apuñaló a un extranjero en el barrio de La Boca en 2017.
Verdú indicó que de nada serviría que le Gobierno de Fernández la derogue si el Congreso da andamiaje al proyecto de reforma del Código Penal que la incorporó.
¿A quiénes mata el gatillo fácil?
"La víctima del gatillo fácil en la vía pública es sistemáticamente de forma preferencial un varón, joven y pobre. Los varones son quienes están con mayor frecuencia en la calle, los que se juntan en la esquina o en la plaza a compartir una gaseosa o una birra [cerveza], los que mayoritariamente tienen que recurrir a tareas precarizadas en la vía pública para sobrevivir", comentó Verdú.
En el informe se señala que las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social son las muertes de personas detenidas (48,14 %) y los fusilamientos de gatillo fácil (37,49 %). "Más del 85 % del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio", se indica.
