La funcionaria de Chihuahua, que entró a trabajar en el Ayuntamiento en el 2000, puede pedir su retiro porque se ha acogido al Reglamento de Jubilaciones por Antigüedad del municipio de Juárez de 1998, un acuerdo entre el Gobierno local y el sindicato que permite la jubilación a los 15 años de servicio con una pensión del 55%. Los concejales de Trabajo ya han aprobado la petición de Alonso pero el alcalde Javier González Mocken aún no ha dado su visto bueno.
La polémica no solo la ha provocado su edad, sino que Alonso —que trabajaba como directora de audiencias públicas — participó como candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Congreso de Chihuahua en las últimas elecciones y perdió. La concejal Norma Sepúlveda, del Partido Acción Nacional (PAN) se ha opuesto a que la funcionaria se jubile ante la sospecha de que para participar en campañas políticas, Alonso terminó su contrato antes de cumplir 15 años de antigüedad. “Lo primero que me llamó la atención es que ha sido candidata varias veces y ha trabajado fuera de la administración”, explica la edil en entrevista con EL PAÍS.
Las jubilaciones anticipadas no son una novedad en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Ante el aumento de la violencia en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, los policías se acogieron en la década pasada a este beneficio. “La mayoría de las jubilaciones han sido de policías porque los cambios en los mandos policiacos generan mucha inquietud”, apunta Sepúlveda. Sin embargo, las peticiones de funcionarios con otras tareas aumentaron a partir de 2004, sobre todo cuando comenzó la alternancia política en el consistorio. Esto dañó las finanzas del municipio y los ediles cambiaron en mayo el reglamento para establecer los 25 años de trabajo como meta de la jubilación. Pero muchos trabajadores quedaron amparados por la versión anterior.
Si Lizbeth Alonso consigue la jubilación recibirá 1.092 dólares mensuales de pensión, el 55% de su último sueldo. “Alguien con 36 años es suficientemente activo y puede incluso buscar otros cargos en el servicios público”, denuncia Sepúlveda. El retiro de la funcionara coincide con el cambio de Gobierno del próximo 10 de octubre donde el independiente Armando Cabada asumirá como el primer alcalde sin partido de Ciudad Juárez. “No tengo miedo a ser despedida, es un derecho que tengo y que que ya han utilizado más de 500 jubilados con menor edad” ha dicho Alonso al Diario de Juárez sobre su petición. La funcionaria también podría tener otro trabajo más adelante, incluso en el servicio público.
En México, el gasto público destinado a las pensiones representa un 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), debajo del promedio de la región. Los mexicanos que consiguen jubilarse lo hacen entre los 60 y los 65 años de edad o tras 25 años o más de trabajo. La mayoría recibe pensiones por debajo de los 100 dólares mensuales. “Es lo que se hace en todo el país. El hecho de que nos dediquemos a la política no debe darnos ventajas sobre el resto de los ciudadanos”, apunta Sepúlveda.
El País
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