Alvarado ha explicado que con la nueva norma se podrá aplicar una ley que ya existía desde 1970, pero que no se cumplía por la falta de legislación al respecto en los centros médicos, una situación que ha venido siendo denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Esta decisión es para salvar la vida de las mujeres y resguardar su salud", ha recalcado el presidente, tal y como ha reflejado en sus páginas el periódico local 'La Nación'. Alvarado ha explicado que su Gobierno está saldando "una deuda histórica" con las mujeres y la sociedad costarricense.
La nueva medida permitirá poner fin al embarazo en caso de violación, malformación del feto, o riesgo para la madre. Todo ello, siempre y cuando no exista otra alternativa, cuente con el respaldo de la madre y la valoración de hasta tres profesionales de la salud y la medicina. Las instituciones públicas y privadas tienen seis meses a partir de ahora para poner en funcionamiento sus protocolos de actuación.
Alvarado ha pedido también a la oposición que no utilicen esta situación "para generar una polarización dañina" en la sociedad costarricense. Los partidos políticos más conservadores y cercanos a la Iglesia han criticado la medida al asegurar que abre la puerta al "aborto libre".
Por su parte, la sociedad costarricense, según las últimas encuestas, se muestra en un su mayoría favorable al aborto terapéutico. Hasta un 58 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que se apruebe, frente sólo un tercio que no ha estado a favor.
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