Mario Rozas, el general director de Carabineros, una Institución policial técnica y de carácter militar de Chile, confirmó el jueves que las 856 investigaciones realizadas sobre casos de abusos contra los manifestantes muestran la culpabilidad de ciertos efectivos.
Entre los casos que implican a los carabineros, Rozas destacó la muerte de una manifestante en Maipú, una comuna ubicada en el sector surponiente de Santiago (capital) y el uso de un menor como “escudo humano”.
“Algunos de las investigaciones que se están realizando se ha llegado a la certeza administrativa que hay responsabilidad de los carabineros involucrados”, afirmó el jefe de los Carabineros en una rueda de prensa celebrada en la ciudad capitalina de Santiago.
Rozas prometió que se aplicarán “sanciones disciplinarias”, que incluyen “la expulsión de la institución” y “anotaciones negativas”, contra los carabineros culpables por hechos “repudiables”.
A día de hoy, aún no han cesado las graves violaciones de los derechos humanos en un Chile dirigido por el presidente Sebastián Piñera y sus Carabineros.
De igual modo, indicó que su cargo está a disposición “de las autoridades administrativas, y si ellos estiman lo conveniente”, ya los uniformados son “obedientes” no “deliberantes”. “Soy el primero en acatar esa decisión”, concretó el alto mando castrense.
Entre medidas para reducir la tasa de los afectados en las movilizaciones callejeras, Rozas anunció la incorporación de “nuevas armas no letales” y “vehículos más livianos y versátiles con un estándar más amigable para el control del orden público”.
Desde el 18 de octubre, Chile vive manifestaciones, las cuales, en principio, se produjeron contra una subida en el precio de la tarifa del metro en Santiago, pero luego se convirtieron en un estallido social. Ahora, se exige la destitución del presidente Sebastián Piñera y una nueva Constitución que cambie la redactada en la época dictatorial de Augusto Pinochet (1973-1990).
El Gobierno chileno reprimió las manifestaciones, conforme con la Constitución actual que facilita la militarización, la represión y la criminalización de la población civil.
La crisis social en Chile ha dejado al menos 24 fallecidos y 3449 personas heridas de las cuales 1982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
HispanTV
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