El Gobierno francés suaviza la reforma de las pensiones, pero no aplaca a los sindicatos

  12 Diciembre 2019    Leído: 1387
El Gobierno francés suaviza la reforma de las pensiones, pero no aplaca a los sindicatos

El primer ministro, Édouard Philippe, desvela el proyecto entre duras críticas pese a las concesiones.

Las concesiones fueron infructuosas. La mano tendida topó con la incomprensión de los sindicatos. Incluso el moderado CFDT, aliado crítico del Gobierno francés, señaló que este había traspasado “líneas rojas”.

El primer ministro, Édouard Philippe, presentó ayer las grandes líneas de la reforma de las pensiones, proyecto central de la presidencia de Emmanuel Macron. Nadie quedó contento. Philippe confía en convencer, si no a las centrales, sí a los franceses con propuestas como la entrada en vigor de la reforma a los nacidos desde 1975, en lugar de 1963.

La huelga en el transporte continuará hoy y se ha convocado otra jornada de movilización nacional para el martes, la tercera en menos de dos semanas. En un discurso muy esperado, Philippe ofreció concesiones a los sindicatos que han impulsado las mayores huelgas y manifestaciones en el país en años.

Pero el primer ministro no cedió en los ejes de lo que Macron ha llamado “la madre de todas las reformas”. El discurso supuso un juego de equilibrios: mantener el proyecto sin excitar aún más el descontento en la calle, que expresa un malestar que va más allá de las pensiones; reforma sí, pero sin prisas. “Me parece que las garantías a las poblaciones más inquietas justifican retomar el diálogo y que la huelga que penaliza a millones de franceses se detenga”, dijo Philippe.

Una propuesta concentra las críticas: los 64 años como edad para obtener la pensión completa de jubilación. Hoy la edad legal es 62. “Se ha franqueado una línea roja”, sentenció Laurent Berger, el jefe de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), que hasta ahora había mantenido un apoyo crítico a la reforma y no había participado en las movilizaciones. Ahora se suma a ellas. “Todo el mundo trabajará más tiempo: es inaceptable”, declaró Philippe Martínez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), que, ya antes del discurso, exigía la retirada total del proyecto. El ritmo de la reforma será más lento de lo previsto, pero su objetivo seguirá siendo la fusión de los 42 regímenes de pensiones en uno solo que iguale a todos los trabajadores.

Sistema público
Las pensiones no dejarán de ser públicas y seguirán funcionando con el mecanismo actual: los trabajadores sufragan la pensión de los jubilados con la garantía de que, al jubilarse, ellos también recibirán su pensión. Pero los pilares del sistema se modificarán, y el plan puede perjudicar a empleados del sector público y privado cuyo cálculo de la pensión se basa en los mejores años de sus carreras; en el futuro se calculará a lo largo de toda la carrera. Algunos como profesores, policías o bomberos, entre otras profesiones, se verán compensados para atenuar la pérdida.

Los que entren en el mercado laboral en 2022 ingresarán directamente en el nuevo sistema. En esa misma fecha se garantizará una pensión mínima de 1.000 euros para quien tenga una carrera plena, un avance para los precarios o para profesiones como la de agricultor. Los nacidos a partir de 1975 se regirán por el viejo sistema hasta 2025 y por el nuevo a partir de entonces.

El plan incluye “poner fin muy progresivamente” a los llamados “regímenes especiales”, que permiten a algunos profesionales jubilarse antes que el resto de trabajadores —hasta los 52 años en el caso de algunos ferroviarios— con pensiones más beneficiosas. “Para garantizar las pensiones, para financiar un nivel elevado de solidaridad, para aprovechar el aumento de la esperanza de vida sin subir los impuestos, la única solución es trabajar un poco más, como es el caso en Europa y el mundo”, dijo Philippe.

El objetivo del Gobierno francés es proseguir el diálogo con los sindicatos desde ahora hasta el final de año y tener a punto el proyecto de ley para presentarlo el 22 de enero de 2020 ante el Consejo de Ministros y en febrero ante el Parlamento.

elpais


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