El restablecimiento de un tipo del 23% en los pagos a cuenta del impuesto de Sociedades permitirá a España cumplir el déficit comprometido con Bruselas por primera vez desde el año 2009. Así lo considera la Autoridad Fiscal AIReF, que en su revisión trimestral de la estabilidad presupuestaria considera como "factible" que el conjunto de las Administraciones rebajen el 4,6% que en última instancia exige Bruselas.

La AIReF, de hecho, calcula ahora que la opción más probable es que el desvío se sitúe en el 4,2%. El Estado mejoraría en el último periodo por los ingresos extra de Sociedades y firmaría un 2,2%; la Seguridad Social terminaría con un desfase del 1,6%; las autonomías finalizarían con un déficit del 0,8%; y las entidades locales arrojarían un superávit del 0,4%.

"La previsible reducción de los gastos en casi un punto del PIB y la ampliación del objetivo de déficit hacen probable su cumplimiento, a pesar de que, previsiblemente, los ingresos crezcan por debajo del PIB nominal", explicó ayer la AIReF a través de una nota de prensa, tras detectar "importantes tensiones" en la recaudación de impuestos directos por parte del Estado -IRPF y Sociedades, por efecto de la rebaja fiscal aprobada-. Aun así, la entidad que preside José Luis Escrivá cree que el restablecimiento de tipos en los pagos a cuenta mejorará la recaudación en el cuarto trimestre, y el dato del Estado, que hasta julio acumulaba un desfase del 2,8%, va a mejorar en el tramo final del año gracias al cierre presupuestario de finales julio y el Acuerdo de No Disponibilidad de 1.000 millones que La Moncloa aprobó antes del verano.

La Seguridad Social, por su parte, apunta a un desvío del 1,6% que no es novedoso. La Autoridad Fiscal lleva un año advirtiendo de que el sistema, sin reformas, afronta un déficit latente de unos 15.000 millones, que tomará forma este mismo por las correctas previsiones de los servicios de empleo, el Sepe. En años anteriores, el superávit de este organismo corregía parte del enorme desfase del sistema de Seguridad Social.

Las CCAA arrojan la sorpresa positiva y se situarán al borde de cumplir el ímite que exige Hacienda por primera vez desde 2007. Su desfase apunta al 0,8% -la meta es del 0,7%- con Extremadura, Valencia y Murcia como las peor aplicadas. Por último, las entidades locales firmarán su sexto superávit consecutivo, en esta ocasión del 0,4%.

Europa concede un respiro
Este informe de AIReF podrá ser esgrimido en breve por Luis de Guindos, citado en el Parlamento Europeo junto a su colega portugués, Mario Centeno, para que expliquen ante las comisiones de Asuntos Económicos y Desarrollo regional la situación presupuestaria y qué medidas piensan tomar para equilibrar las finanzas públicas de España y Portugal. Los legisladores extienden el diálogo que mantienen con Bruselas sobre este asunto, dando más tiempo a ambos países para que envíen medidas con las que evitar parte de la suspensión de los fondos estructurales por no cumplir el déficit.

Aunque la Comisión perdonó la multa a las economías ibéricas el pasado julio por romper el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la institución tiene la "obligación legal" de proponer una cantidad de fondos estructurales para 2017 que serán congelados, insistió su vicepresidente Jyrki Katainen, el pasado lunes ante los eurodiputados. También aseguró que si ambos países presentan el esfuerzo estructural requerido por Bruselas evitarían la limitación de sus fondos europeos para 2017.

Una mayoría de los eurodiputados está en contra de una congelación que consideran "inmoral" y "contraproducente", tal y como expresaron el pasado lunes. Saben que, para intentar torpedear el proceso, es "más importante jugar con los tiempos" que posicionarse en contra en este momento, según comentó una fuente de la institución.

Por eso, para alargar el proceso más allá del 15 de octubre, fecha dada por el Ejecutivo comunitario para presentar los ajustes, el Parlamento también ha solicitado a la Comisión más información para aclarar qué programas se verán afectados y las cantidades, cuándo presentará su propuesta de suspensión y cuál será el impacto en ambas economías. Nuestro país aún debe presentar unas cuentas para 2017 con un ajuste de 5.000 millones con las que alcanzar un déficit del 3,1% del PIB el próximo año, y debe hacerlo antes del 8 de diciembre como tope. Si no, podría caer una multa de unos 5.500 millones de euros (equivalente al 0,5% del PIB).

EcoDiario

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