La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya confirmó que recibió una denuncia contra el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, por crímenes de lesa humanidad.
La información la dio a conocer el bufete de abogados de Alfonso M. Dorado de París, en Francia, que representa a los denunciantes ante la CPI. Este estudio detalló que la denuncia fue presentada el pasado 30 de noviembre.
Según la nota de prensa, los denunciantes señalan que Morales, entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, llevó a cabo "un ataque generalizado, coordinado y organizado" contra un "movimiento popular" que se "sublevó pacíficamente" tras desconocer los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre, que dieron como ganador al entonces mandatario.
De acuerdo a la denuncia, entre los delitos cometidos por Morales están "asesinatos selectivos con francotiradores, emboscadas, violaciones y agresiones sexuales, toma de rehenes, tortura física y psicológica, terrorismo de Estado, interrupción del acceso a los alimentos, así como del agua en ciertas ciudades".
Además de Morales, denuncian al exvicepresidente Álvaro García Linera, a los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Gustavo Romero, Javier Eduardo Zabaleta y Antonia Wilma Alanoca; así como al asambleísta Gustavo Torrico Landa.
Los denunciantes solicitaron ante esa instancia internacional la apertura de un examen preliminar "a fin de que los autores y sus cómplices de estos crímenes contra la humanidad sean juzgados ante la justicia penal internacional".
Desde el 20 de octubre, día de los comicios generales, Bolivia ha estado sumergida en una crisis política. El sector opositor, que se negó a aceptar los resultados, salió a las calles y una parte generó violencia y destrozos en las oficinas electorales regionales.
Las movilizaciones opositoras estuvieron hasta el 10 de noviembre, cuando Morales se vio forzado a dimitir. Desde entonces, el panorama cambió y quienes tomaron las calles fueron otros sectores, que rechazan a las autoridades de facto y piden el retorno del mandatario depuesto.
Entre el 20 de octubre y el 28 de noviembre, la Defensoría del Pueblo ha registrado la muerte de 35 personas en el marco del conflicto político, 32 de ellas cometidas tras el golpe de Estado contra Morales.
Particularmente, tras la asunción de la autoproclamada mandataria interina, Jeanine Áñez, hubo dos masacres, que fueron ampliamente denunciadas. La primera ocurrió el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, donde una operación policial y militar dejó un saldo de nueve muertos.
La segunda sucedió en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, el 19 de noviembre. De nuevo, un violento operativo de las fuerzas de seguridad, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas.
La denuncia de las autoridades de facto
Previamente, las autoridades de facto de Bolivia habían anunciado que denunciarían a Morales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, también por crímenes de lesa humanidad.
La denuncia se sustentaría en un video, divulgado por las propias autoridades de facto, en el que se aprecia a un supuesto dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, conversando presuntamente con Morales.
En el diálogo, la voz, que ha sido atribuida a Morales, indica a Yucra como organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de facto de Áñez. El mismo emisor dice: "Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo (así). Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo".
Seguidamente, añade: "Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear". RT
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