Poco más de 200 para Amnistía Internacional (AI), y más de 1.000 personas, en palabras del enviado especial de Estados Unidos a Irán, Brian Hook. La república islámica no ha dado hasta el momento cifras oficiales de los manifestantes muertos, heridos y detenidos en las movilizaciones que estallaron en todo el país tras la subida del precio de la gasolina, pero el portavoz del Poder Judicial, Gholam Hosein Ismaili, aseguró que se saldaron con «bastantes menos muertos» que los denunciados por AI y las máximas autoridades trataron de tender puentes hacia una parte de los manifestantes.
Alí Jamenei pidió diferenciar entre aquellos fallecidos por estar implicados en los disturbios y los que se vieron envueltos sin buscarlo y a los que calificó de «mártires». El Líder Supremo ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que las víctimas y sus familias deben ser tratadas en base al «principio de compasión islámica”. Hasán Rohani, en plena campaña electoral ante los comicios legislativos de 2020, empleó palabras similares para referirse a los detenidos, que pueden ser más de 7.000, según distintos medios locales, y pidió que «las personas inocentes que protestaron contra la subida del precio del petróleo y que no estaban armadas deberían ser liberadas».
La oleada de protestas afectó a más de cien localidades del país y es considerada la más violenta desde el establecimiento de la república islámica en 1979. Ahogado por las sanciones impuestas por Donald Trump, el 15 de noviembre Rohani decidió por sorpresa aumentar un cincuenta por ciento el precio de la gasolina y racionarla con el objetivo de lograr ingresos extraordinarios que le permitan recaudar fondos para «redistribuirlos entre los iraníes que se enfrentan a dificultades económicas». El precio del litro de la gasolina regular que era hasta entonces de 10.000 riales, se elevó a 15.000 (algo menos de ocho céntimos de euro) y cada automóvil privado tiene derecho a repostar 60 litros al mes a este precio subvencionado, cuando antes podía llegar a los 250 litros.
La ira popular subió pronto de tono y se extendieron los gritos que pedían la caída del régimen islámico. Como ocurrió en anteriores ocasiones, la cúpula del poder señaló a «vándalos» vinculados a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí como los principales instigadores de las manifestaciones.
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