Un año después del estallido de la revuelta de los chalecos amarillos, la calle vuelve a desafiar a Emmanuel Macron. Francia puede quedar paralizada este jueves por las protestas en contra de la reforma de las pensiones, proyecto prioritario del presidente de la República. No es una huelga general, pero sus efectos serán parecidos. Pararán los transportes y las escuelas, entre otros sectores que, sin ser mayoritarios, poseen la llave de la actividad económica. Macron se muestra abierto a discutir detalles de la reforma, pero no a retirarla. Los sindicatos amenazan con prolongar el pulso durante días o semanas.
Tarde o temprano, los Gobiernos franceses tropiezan con las pensiones. Otros la han intentado y, o bien han acabado dando marcha atrás, o han reformado solo a medias. El precedente más conocido es el de 1995, cuando tres semanas de movilizaciones acabaron forzando a Alain Juppé, primer ministro de Jacques Chirac, a retirar una reforma parecida a la de Macron. Aquella derrota marcó al Gobierno de Juppé, mentor del actual primer ministro, Édouard Philippe.
Laurent Djebali entró a trabajar como conductor de metro en la RATP, la empresa pública de transportes parisina, en 1995. Tenía 25 años. Hoy es uno de los líderes de la protesta. “Fui yo quien propuso la fecha del 5 de diciembre”, afirma Djebali en la sede del sindicato UNSA en Bagnolet, en las afueras de París. La fecha obedece a varios motivos. El 5 de diciembre es el día de una de las manifestaciones masivas en 1995. Y en diciembre los trabajadores de la RATP ya han cobrado la paga doble de fin de año: van a una huelga, tal vez larga, con un colchón de ingresos en la reserva.
Djebali niega que el objetivo sea mantener los privilegios de profesiones como la suya, que tienen un sistema particular de pensiones que se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial, o antes. Se trata de los llamados “regímenes especiales”, 42 actualmente. Macron quiere suprimirlos para crear un sistema único en el que todos los trabajadores disfruten de los mismos derechos en su jubilación por las mismas contribuciones.
“No peleamos por los regímenes especiales, sino por una pensión digna”, replica el sindicalista, que se declara dispuesto a prolongar la huelga hasta Navidad si Macron y Philippe no imitan a Juppé y ceden.
El jueves se han convocado cerca de 300 manifestaciones en todo Francia. Nueve de cada diez ferrocarriles dejarán de funcionar, así como 11 líneas de metro en París. En los transportes públicos la huelga es ilimitada. La movilización afectará al transporte por carretera y aéreo: se prevé la anulación de un 20% de vuelos. Cuatro de cada diez profesores de escuela se sumarán al paro. También abogados y policías. Algunos sindicatos han llamado a la huelga en el transporte por carretera, en las refinerías y en los hospitales, además de en empresas públicas como la eléctrica EDF y Correos.
La huelga es preventiva: ni siquiera se conoce el texto de la ley, solo sus líneas maestras. Si se aprobase, sería la última reforma de peso en el quinquenio presidencial, que arrancó en 2017 y termina en 2022.
Al contrario que en el caso de la reforma laboral, o la de la compañía de ferrocarriles públicos, la SNCF, el presidente ha evitado la política de los hechos consumados. En vez de presentar un texto ya decidido al Parlamento, ha abierto un diálogo con los agentes sociales. El problema es que este método, menos autoritario y más conciliador, ha sembrado la confusión sobre su contenido.
La reforma plantea, además de la supresión de los 42 regímenes especiales, un nuevo modo de cálculo del montante, que perjudicaría a los asalariados del sector público y privado. En cambio, saldrían ganando, según el cálculo del diario progresista Libération, los agricultores, los comerciantes y las madres solteras. Parece descartada la opción de aumentar a los 64 años la edad de jubilación, hoy en 62 años (o hasta 52 años en algunos "regímenes especiales"), inferior a la de España o Alemania. Entre las concesiones que ha insinuado el Gobierno figura un aplazamiento de la entrada en vigor de la reforma para que no se aplique hasta la generación nacida en 1975. Pero nada está decidido.
Otro problema es el financiero. El déficit de las pensiones superará los 10.000 millones de euros en 2025 y los 20.000 en 2030. La población envejece y la vida se alarga: cada vez hay menos activos para sostener a los jubilados.
“En 1945 había cuatro activos por un jubilado. Hoy hay 1,7 activos por cada jubilado. Y mañana las previsiones son de 1,4 por jubilado”, declaró hace unas semanas a EL PAÍS Geoffroy Roux de Bézieux, presidente del Medef, la patronal francesa. “No hay 36 soluciones. O bien se suben las cotizaciones, o se bajan las pensiones o se logran más ingresos aumentando la duración de la vida laboral”.
Un sondeo publicado por el Journal du dimanche refleja la confusión reinante. Un 76% de franceses está a favor de fusionar los 42 sistemas. Pero el 64% no confía en Macron para lograrlo. Un 46% apoya la movilización en contra de la reforma, mientras que un 33% está en contra.
La batalla se librará en la opinión pública, que dictaminará, por medio de los sondeos y de sus intérpretes, si culpa de los bloqueos a los sindicatos y a los manifestantes, o al Gobierno. Macron ha delegado el pilotaje de la crisis en el primer ministro Philippe.
La polarización de la política francesa entre Macron y Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN), se escenificará de nuevo en esta ocasión. Las reivindicaciones sociales ya no son bandera exclusiva de la izquierda y los sindicatos, sino también de la extrema derecha.
“Le Pen habla el lenguaje del etnosocialismo”, dice Dominique Reynié, director del laboratorio de ideas Fondapol. Es decir, el socialismo para los de casa, no para los extranjeros. “El 5 de diciembre no es solo el problema de Macron, sino de la República. Lo que ocurra en las elecciones de 2022 dependerá en parte de lo que ocurra el 5 de diciembre”, añade Reynié.
El Gobierno, que podría presentar una propuesta más detallada a mediados de mes, teme que la protesta se convierta en un concentrado de todos los malestares, más allá de las pensiones. En la calle estarán, además del RN, la oposición de izquierdas y los sindicatos, excepto el primero de Francia, el reformista CFDT, que mantiene un apoyo crítico a los planes del presidente.
La debilidad de los sindicatos es de doble filo para Macron. 2019 no es 1995, cuando todavía eran fuertes. Pero en 1995 no existían movimientos espontáneos como los chalecos amarillos, que desbordan a los sindicatos y son imprevisibles, incluso en la violencia.
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