España mantendrá su apuesta de aprobar un impuesto sobre determinados servicios digitales en cuanto se constituya formalmente un Gobierno, según fuentes del Ejecutivo en funciones, pese a la amenaza de EE UU a Francia por un tributo similar. Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que la decisión corresponderá al próximo Ejecutivo. No obstante, la medida figura en el programa electoral del PSOE para los comicios del pasado 10-N. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha defendido en varias ocasiones la necesidad de crear un impuesto de estas características para gravar actividades que actualmente no tributan y que ayuden a adaptar el sistema tributario español a las nuevas realidades del siglo XXI.
De hecho, el anterior Ejecutivo socialista ya contempló un impuesto de estas características en el acuerdo con Podemos de octubre de 2018 para los Presupuestos de 2019. El consejo de ministros del anterior Gobierno de Sánchez llegó a aprobar un decreto con el impuesto sobre determinados servicios digitales, como bautizó a la tasa Google, con el que pretendía recaudar unos 850 millones. Lo remitió al Congreso para su tramitación, pero decayó tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral.
Fuentes próximas a la ministra de Hacienda en funciones recuerdan que el impuesto español no discrimina a las empresas en función del país de origen. Y sostienen que lo ideal sería que se aprobará conjuntamente en el ámbito de la Unión Europea o de la OCDE. Pero no hay previsiones de que eso ocurra hasta finales de 2020 como pronto. Por ello, algunos países como Francia han avanzado en sus propias normativas, lo que ha motivado una respuesta de Washington. Tras las amenazas de aranceles de hasta el 100% sobre productos franceses anunciada por el presidente de EE UU, Donald Trump, este lunes, la Unión Europea cerró filas un día después anunciando que respondería "unida" ante una medida de ese tipo.
Un gravamen del 3%
El impuesto diseñado por España contaba con un tipo impositivo del 3%, que se aplicaría sobre determinados servicios digitales que tengan una facturación mundial superior a 750 millones y cuyos ingresos en España sean mayores a los tres millones de euros. El decreto definía tres hechos imponibles en el que la participación de los usuarios es decisiva para la creación de valor: la publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital (página web, plataforma tecnológica, software, o red social); la puesta a disposición de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios para comerciar con ellos (el caso paradigmático es Amazon) y, por último, la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios de una web o plataforma.
“No es admisible que en el siglo XXI haya ningún país, Estado o fuerza política que, vía amenaza o coacciones, plantee su disconformidad o negativa a que se ponga en marcha una fiscalidad del siglo XXI”, aseguró Montero en julio. “Lo ideal es que se llegue a un acuerdo a nivel global o, en su defecto, a nivel europeo, pero si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos tendremos que actuar a nivel nacional. El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa”, apuntó también la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, este verano.
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