El documento tuvo un apoyo casi unánime, con 407 votos a favor y solo uno en contra, pero para convertirse en una ley deberá ser aprobado por el Senado y promulgado por el presidente Donald Trump.
El proyecto prevé sanciones contra funcionarios chinos implicados, según las autoridades norteamericanas, en las violaciones de los derechos de los uigures.
El Gobierno chino ya había advertido que podría responder a la aprobación de la ley prohibiendo la entrada en el país "a los funcionarios públicos y congresistas [de EEUU] que hacen declaraciones abominables sobre el tema".
El Gobierno estadounidense considera que el programa chino constituye una "violación de los derechos humanos".
Por su parte, El Ministerio de Exteriores chino acusó a la Cámara de Representantes de EEUU de denigrar la lucha de Pekín contra el extremismo en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.
La Cancillería china expresó su "fuerte indignación y enérgica protesta" por la adopción de ese documento.
"Desacredita intencionalmente la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, denigra los esfuerzos de China por combatir el terrorismo y la radicalización, supone un ataque malicioso contra la política administrativa del Gobierno de China, así como una grave violación del derecho internacional y de los principios básicos de las relaciones internacionales", declaró la portavoz de Exteriores, Hua Chunying.
La diplomática subrayó que la cuestión de Xinjiang "no es étnica, ni religiosa, ni de derechos humanos sino de la lucha contra los brotes del terrorismo y el separatismo". Las medidas tomadas por el Gobierno, según Hua, cuentan con el apoyo de 25 millones de habitantes de Xinjiang, representantes de diversos grupos étnicos.
Estados Unidos critica constantemente a China por la situación de los uigures, la minoría musulmana.
En octubre pasado, Washington introdujo restricciones de visas contra funcionarios del Gobierno de China y del Partido Comunista por supuestas violaciones de los derechos humanos contra los uigures y otras minorías étnicas de Xinjiang, además de limitar las exportaciones a 28 entidades gubernamentales y comerciales de China presuntamente implicadas en tales abusos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en un informe publicado en agosto de 2018, denunció que hasta un millón de uigures y otros musulmanes podrían estar en los llamados campos de reeducación a lo largo de la región de Xinjiang.
Según la Cancillería china, las conclusiones del CERD carecen de pruebas y no corresponden a la realidad.
El presidente del gobierno de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, Shohrat Zakir, afirmó en una entrevista que el llamado "programa de educación y capacitación vocacional" busca erradicar el extremismo religioso y la infiltración de terroristas en la zona.
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