La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia presentó a la prensa los resultados de su investigación “preliminar”, en que constata “múltiples violaciones que se encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad” cometidas tras el golpe de Estado contra el depuesto presidente del país Evo Morales, que provocó su renuncia el 10 de noviembre.

“Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas”, se lee en el informe presentado el martes en Bueno Aires, capital argentina y recogida por la cadena Telesur.

La misión argentina, que se basó en las pruebas y los testimonios presentados en los últimos días por “un centenar” de personas, añadió que a las mencionadas violaciones a los derechos humanos se suman la persecución de dirigentes, desapariciones forzadas, confección de listas negras, negación del derecho a la defensa, discursos de odio, promoción del racismo y la brutal represión policial.

Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto (de Bolivia) ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas”, se lee en el informe presentado por la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia.
El gobierno ‘de facto’ de Bolivia está reprimiendo a los periodistas que tratan de documentar los ataques de militares contra los manifestantes, revela un informe.

La delegación, compuesta por representantes de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, asimismo, destacó la masacre de 15 personas; seis en Cochabamba y nueve en Ciudad de Alto, centenares de heridos y detenidos arbitrarios por parte de las fuerzas leales al gobierno de facto boliviano, presidido por la diputada Jeanine Áñez.

De igual modo, los activistas documentaron las presiones contra las víctimas y sus familiares para “cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales, “como condición para poder ser atendidos”.

La comitiva federal, con integrantes de varias provincias de Argentina, partió de Buenos Aires hacia La Paz el 28 de noviembre y regresó el domingo. Los activistas denunciaron en el informe que habían sido “retenidos” en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra e “interrogados” en un lugar aislado, en presencia de los uniformados. La práctica, de acuerdo con la publicación, es “totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales”, denuncian.

Muchos políticos y correligionarios de Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) insisten en el carácter dictador del régimen de Áñez.

Al respecto, la expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, ha denunciado que en 13 años de Gobierno de Morales “jamás se veían militares en las calles reprimiendo al pueblo, jamás se veían tanques en las plazas principales de la ciudad o no se vio desplegar aviones para atacar comunidades para sembrar el miedo”.

HispanTV

Etiquetas: Bolivia