El Parlamento de Irak ha aceptado este domingo la dimisión del primer ministro Adel Abdelmahdi y su Gobierno. La inusitada renuncia de Abdelmahdi, sin precedentes en la incipiente democracia iraquí, no basta para acabar con las protestas contra la corrupción del sistema político que hoy han entrado en su tercer mes. Así lo han dejado claro los manifestantes, cuyo duelo por las víctimas de la represión policial ha suscitado apoyos en las provincias de mayoría suní que hasta ahora se habían mantenido al margen de la revuelta.

“Después de Abdelmahdi, fuera el Parlamento, los partidos políticos e Irán”, siguen coreando los iraquíes que tras las últimas muertes han transformado las protestas en procesiones funerarias en recuerdo de los caídos, a quienes se refieren como “mártires”.

Abdelmahdi dimitió el pasado viernes, después de que la máxima autoridad religiosa chií, el gran ayatolá Ali Sistani, instara a la Asamblea Nacional a reconsiderar su apoyo al Gobierno. La víspera se había vivido una de las jornadas más sangrientas desde que el 1 de octubre se iniciaran las manifestaciones populares contra el régimen de 2003, el sistema de reparto de poder confesional instaurado por Estados Unidos tras el derribo de Sadam Husein y que ahora controla Irán. Al menos 65 personas murieron ese día, según los últimos recuentos. El cómputo global habla de cuatro centenares de muertos y 15.000 heridos.

La gravedad de los sucesos del jueves llevó a varios jefes tribales a movilizar sus fuerzas para impedir que los cuerpos de seguridad y las milicias trasladaran refuerzos a Naseriya y Nayaf, las dos ciudades donde se produjeron los incidentes más graves. En un gesto aún más significativo, y que puede resultar clave para la evolución de la actual crisis, empiezan a surgir muestras de apoyo a los manifestantes en las regiones de mayoría suní.

Cientos de estudiantes vestidos de negro han desfilado este domingo en Mosul, al norte del país, según informa la agencia France Presse. Se trata de una expresión de solidaridad con la jornada de duelo declarada en las ocho provincias del sur de Bagdad, habitadas mayoritariamente por chiíes y que junto con la capital han concentrado las protestas. El viernes, la provincia de Saladino también declaró tres días de luto.

Hasta ahora las zonas de población suní, y que apenas fueron liberadas del Estado Islámico hace dos años, se habían mantenido al margen de la revuelta popular. Aunque comparten los mismos problemas de los que se queja el sur, el temor a ser tachados de simpatizantes de ese grupo o de nostálgicos de Sadam les había aconsejado prudencia. También pesaba la violenta represión con que se toparon cuando al hilo de la primavera árabe se manifestaron en 2013.

Otro elemento que sin duda va a reforzar la confianza de los manifestantes es la condena a muerte de un oficial de policía por haber matado a dos manifestantes en Kut, a 175 kilómetros al sureste de Bagdad. Es el primer castigo que se impone después de que un informe oficial reconociera a mediados de octubre “un uso excesivo de la fuerza” en algunos lugares. Ya el viernes las autoridades destituyeron al general Yamil al Shamari, enviado por Abdelmahdi a reprimir las protestas de Naseriya y cuya actuación desató la matanza que se ha convertido en punto de inflexión de la crisis.

El presidente del Parlamento, Mohamed al Halbusi, ha anunciado que va a comunicar la dimisión al presidente del país, Barham Salih, para que proceda a nombrar un nuevo primer ministro. De acuerdo con la Constitución, el jefe del Estado debe pedir al mayor bloque de la Cámara que proponga un candidato. Mientras, el actual Gobierno se mantiene en funciones. Pero bajo la apariencia de normalidad institucional se abre un periodo de incertidumbre política tanto por la novedad del proceso como, sobre todo, por la falta de credibilidad de la élite política, cuya renovación integral reclaman los iraquíes movilizados en las principales ciudades del país.

“Estamos lejos de un arreglo político y la dimisión del Gobierno podría complicar las cosas más que resolverlas; los manifestantes van a continuar [su movilización] e incluso pueden incrementar el tempo dado el éxito que creen haber logrado”, interpreta Farhad Alaaldin, presidente del Consejo Consultivo de Irak, una organización sin ánimo de lucro que asesora a los gobernantes iraquíes. En su opinión, “los partidos políticos van a mantener una larga batalla para determinar cuál es el mayor bloque [en el Parlamento] y [tratar de] nombrar [primer ministro] a uno de los suyos”. Las últimas elecciones dejaron una Cámara muy fragmentada, donde son posibles distintas alianzas.

Aunque presionados por la revuelta popular, los partidos se esforzaran por acelerar el proceso y buscar soluciones rápidas, pocos creen que sea posible formar un nuevo Gobierno antes de tres meses. E incluso si de forma paralela logran aprobar una nueva ley electoral, que en teoría ya está en proceso de debate, como muy pronto se podrían convocar unas nuevas elecciones para finales de 2020.

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