El próximo lunes empieza la cuenta atrás, de solo 100 días, para sentar las bases de una reforma de la política europea de asilo y migración que zanje de una vez por todas una de las crisis políticas más agrias y cainitas sufridas por la UE en los últimos años.
La nueva Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que se estrena oficialmente este 1 de diciembre, se ha marcado el objetivo de plantear en menos de tres meses una serie de proyectos legislativos que superen el estéril debate iniciado en 2015 sobre las cuotas de refugiados. Von der Leyen aspira a una solución que permita reabrir las fronteras interiores cerradas durante el mandato de Jean-Claude Juncker (2014-2019) y que garantice a largo plazo la supervivencia de la zona Schengen.
Bruselas, según fuentes comunitarias, elaborará "rápidamente" un nuevo paquete legislativo basado en la reforma del llamado Reglamento de Dublín, que responsabiliza al primer país de entrada del migrante de la tramitación de su solicitud de asilo. El plan abordará, además, el blindaje de fronteras exteriores; un programa comunitario de retorno; acuerdos de readmisión con países terceros; y la apertura de canales abiertos para la inmigración cualificada.
Ninguno de esos objetivos es nuevo. Pero la nueva Comisión pretende empaquetarlos de manera que recojan las sensibilidades y demandas de las diferentes políticas. Y a diferencia de la pasada legislatura, en que los siete proyectos de reforma se tramitaron de forma casi independiente (dos de ellas quedaron empantanadas y bloquearon el resto), Bruselas se propone ahora presentar de manera conjunta toda la batería de medidas una vez que haya logrado un mínimo consenso sobre los objetivos esenciales.
Fuentes comunitarias indican que la intención de la nueva Comisión, con el griego Margaritis Schinas como vicepresidente encargado de Migración, es hacer borrón y cuenta nueva. Objetivo: dejar atrás una crisis que estuvo a punto de acabar con el gobierno de Angela Merkel en 2015 y que desencadenó, a raíz de las propuestas de Bruselas para solucionarla, una profunda división entre el bloque veterano del club y los socios de Europa Central y del Este.
El riesgo de fracaso de la nueva estrategia es evidente, dado el rechazo frontal de países como Hungría y Polonia a cualquier política de acogida. Los países de primera línea, como España, también observan con inquietud el desarrollo de un plan que podría comunitarizar la política de asilo sin abordar de manera conjunta el asunto de la política migratoria, verdadera preocupación de los gobiernos del sur.
Pero fuentes diplomáticas perciben movimientos tanto en Budapest como en Varsovia, donde parece haber "una voluntad de volver a la mesa de negociación". Bruselas, además, no oculta que piensa aprovechar la negociación del próximo marco presupuestario (2021-2027) como resorte de presión para imponer una política de asilo que combine una mejora de la eficiencia con una mayor dosis de solidaridad entre los socios de la UE.
Alemania, principal contribuyente del presupuesto europeo y primer destino de los solicitantes de asilo (27,9% del total de la UE en 2018, según Eurostat), ya ha tomado la delantera. Esta semana, días antes de que Von der Leyen tome posesión, Berlín ya ha circulado entre los diplomáticos un esquema que pretende marcar el camino de la nueva Comisión hacia un nuevo modelo de política de asilo.
El documento alemán, al que ha tenido acceso EL PAÍS, da por muerto el sistema actual. "Dublín ha fracasado (...) y es ineficiente", señala el texto circulado por Berlín. El Gobierno alemán apuesta por un nuevo modelo, que traspasaría parte de la gestión de la frontera exterior desde las autoridades nacionales a la futura Agencia Europea de Asilo.
La Agencia asumiría de manera gradual tanto el registro de los solicitantes de asilos llegados a la frontera en la base de datos Eurodac como el primer examen de la petición. La Agencia, además, sería la encargada de asignar al aspirante al asilo a uno de los Estados de la UE, un reparto que se haría tomando en cuenta la población y riqueza de cada Estado. El número de personas devueltas se deduciría de la cuota de refugiados, un elemento que parece pensado para atraer a los socios más reacios.
Financiar los beneficios sociales
Berlín también propone como contrapartida que los costes ligados al mantenimiento de los potenciales refugiados (alojamiento y beneficios sociales) sean "financiados por la UE tanto como sea posible".
El plan aspira también a eliminar de manera tajante los desplazamientos internos de los solicitantes de asilo, que solo podrán cursar su petición en un único Estado miembro. Para lograrlo, la Agencia europea determinaría qué país es el encargado de tramitar la solicitud y cualquier petición en otro Estado miembro sería rechazada de manera expeditiva.
La propuesta alemana se muestra también inflexible con los solicitantes de asilo que hayan entrado irregularmente en la UE. Como norma general, una vez descubiertos se les obligará a pedir asilo, si tuvieran derecho, en un país distinto de aquel en el que han sido localizados. Una norma que pretende ser disuasoria hacia las personas que busquen llegar de manera irregular hasta el país donde se encuentren sus familiares, allegados o contactos.
El debate sobre esta reforma será uno de los ejes del primer ejercicio de Von der Leyen al frente de la Comisión. El acuerdo se anuncia muy complicado. Pero Alemania no parece dispuesta a aceptar el statu quo. "En 2018, el 75% de las solicitudes de protección internacional se registraron en solo cinco Estados miembros", subraya el documento de Berlín. "En términos relativos, algunos Estados miembros están asumiendo una carga que es hasta 300 veces mayor que la de otros", remata el texto alemán.
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