"Vamos a contar más o menos desde el 23 de diciembre, a partir de ahí tenemos cuatro meses, hasta el 23 de abril para concluir con el proceso, dentro de esos 120 días tiene que llevarse a cabo la primera vuelta, la segunda, si hubiera, el cómputo final y prácticamente la emisión de las credenciales a los diputados y senadores electos, lo que significa que aproximadamente, más o menos, en mi cálculo, a mediados de marzo vamos a tener las elecciones en primera vuelta", dijo Justiniano, citado por el diario El Deber.

Recordó que actualmente corre el plazo de 20 días para elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de las instancias departamentales, y 48 horas después de su posesión debe ser lanzada la convocatoria a la nueva votación.

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó pasado la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, que deja sin efecto las elecciones de octubre y establece un plazo máximo de 120 días para unos nuevos comicios, una vez que sea aprobado el calendario por parte del Tribunal Supremo Electoral, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento).

En las elecciones generales 2020 podrán participar todos los partidos registrados legalmente, con los candidatos que deseen, sin embargo, los ciudadanos reelectos de forma continua a un cargo durante los dos periodos constitucionales anteriores no podrán postularse al mismo cargo.

De esa forma, la normativa imposibilita la reelección del expresidente Evo Morales, con su tercer mandato presidencial interrumpido, y de su vicepresidente, Álvaro García Linera.

La ley fue sancionada el sábado 23 de noviembre por el Parlamento, en aplicación de un amplio acuerdo para superar la crisis política que vive el país.

Tras la partida de Morales hacia el exilio en México, que le otorgó asilo, la senadora Áñez se autoproclamó presidenta sin pasar por los procedimientos legislativos previstos en unas sesiones del Parlamento que no tenían el cuórum requerido, aunque con el aval del Tribunal Constitucional.

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