La violencia llega en Chile a niveles inéditos y el mundo político no alcanza consensos para encontrar una salida, en el día 41 de la crisis. Después de que Unidad Social —que coordina a 200 organizaciones sindicales, ciudadanas, de la educación secundaria y universitaria y de la salud— hiciera un llamamiento a una huelga general durante la noche del martes, varios grupos violentos tomaron diversas ciudades del país. Hubo al menos 99 focos de graves incidentes y al menos 915 personas fueron detenidas, según cifras del Ministerio del Interior, en una de las jornadas más violentas desde el estallido de las protestas el 18 de octubre.
El presidente Sebastián Piñera, con un 12% de popularidad y sin un oficialismo que lo arrope, intenta contra reloj sellar un acuerdo sobre seguridad en el Parlamento, que endurece las penas para delitos como el saqueo y permite a las Fuerzas Armadas proteger la infraestructura considerada clave —como la energética o servicios sanitarios— para “liberar a cientos de carabineros para que puedan cumplir su labor de proteger el orden público y la seguridad ciudadana”.
“Llegó el momento de decir: '¡Basta!”, aseguró este miércoles Piñera desde La Moneda. “Llegó el momento de que todos nos unamos en forma categórica nuestros compromisos y voluntades para combatir la violencia”, agregó el presidente. Pero las soluciones que ha aportado hasta ahora la clase política, como medidas sociales y una nueva Constitución, no parecen suficientes para detener la violencia. Sin contar las personas que fueron detenidas durante el toque de queda, desde que estalló la crisis y hasta este lunes hay 18.552 detenidos (al menos 1.156 en prisión preventiva).
La Fiscalía investiga 26 muertes de manifestantes, en cinco de ellas producto de la participación de los agentes del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo independiente y público, ha contabilizado 2.808 ciudadanos heridos que tuvieron que ser hospitalizados. Piñera informó de que 2.210 carabineros y policías han sido lesionados –57 heridos de bala y 45 quemados por bombas molotov– y 188 comisarías y 971 vehículos policiales han sido atacados.
Mientras una parte del mundo político busca algún grado de entendimiento, cargando con la falta de representatividad, la ciudadanía vive jornadas difíciles, sobre todo en municipios periféricos y populares azotados por una destrucción todavía incuantificable. “Parece que hubiese caído una bomba o todo hubiese sido arrasado por un huracán”, cuenta un chileno de 60 años, que como muchos ciudadanos toma fotografías con su móvil en el epicentro de las protestas en Santiago de Chile, la Plaza Baquedano. A pocas cuadras, en la avenida Vicuña Mackenna, un hombre dirige el tránsito a cambio de algunas monedas ante la falta de semáforos y policías. El pavimento está destrozado, cientos de locales comerciales cerrados y la entrada de la estación de metro Baquedano, lugar clave en la red, está irreconocible incluso para los chilenos que han nacido en la ciudad.
Las imágenes de repiten en diferentes ciudades del norte y sur del país. En el puerto de San Antonio, la noche del martes quemaron dependencias de Líder, el periódico local, que esta mañana tituló: “¡Terrible jornada!”. En Antofagasta —la capital minera, en el norte del país— el descontrol permitió a los delincuentes instalar parrillas para cocinar carne con las barricadas de fuego, en medio de la vía pública. En el centro de La Serena, la tierra natal de la poeta Gabriela Mistral, saquearon un hotel con turistas dentro y luego lo incendiaron.
En Santiago, este miércoles cortaron autopistas y las protestas en las calles y avenidas de la ciudad obligaron a cerrar estaciones del metro, que hasta antes de la crisis transportaba a 2,8 millones de personas. La complejidad de la situación chilena tiene un ingrediente central: las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado, que ha motivado 500 acciones judiciales por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La semana pasada, Amnistía Internacional aseguró que hubo “ataques generalizados en contra de la población”, lo que motivó el rechazo del Gobierno y las Fuerzas Armadas. “No es cierto que durante el período que rigió el Estado de excepción, las Fuerzas Armadas hubieran actuado con la intención de lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta”, dijeron los militares. La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), en tanto, denunció que miembros de la policía uniformada chilena, Carabineros, cometieron “graves violaciones a los derechos humanos”.
Los carabineros tienen suspendido el uso de armamento antidisturbios mientras no se sepa la composición de los balines de goma, que según un estudio de la Universidad de Chile no son de este material como informó la policía durante semanas. “Estamos siendo superados. Adversarios con barricadas, lanzamiento de piedras, de todo. Resistiendo solo con el cuerpo y los escudos. Nos retiramos. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bomba molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopetas, para la cagada. No estamos obligados a lo imposible”, señalaba un jefe policial mientras se producía un saqueo en el centro comercial de Quilpué, a unos 120 kilómetros de Santiago, según un audio difundido por radio Cooperativa.
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