Las protestas contra el Gobierno de Iván Duque en Colombia cumplen siete días en medio de reivindicaciones económicas, acercamientos entre manifestantes y autoridades y casos de represión como el que provocó la muerte del joven Dilan Cruz. Sindicatos y organizaciones de estudiantes salieron este miércoles a la calle en una nueva huelga general convocada apenas unas horas antes. Las movilizaciones, que comenzaron con seguimiento desigual en Bogotá y provocaron bloqueos de caminos en Cali, elevan el clima de presión contra el presidente. Este acusó a sectores de la oposición, a los que llamó “pirómanos”, de “pretender ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas”.
Las palabras de Duque buscan enmarcar las protestas que se iniciaron el pasado jueves en la disputa estrictamente política. "Hay personas que quieren capitalizar políticamente el caos; quieren capitalizar políticamente el llamado a la desestabilización, y a mí me parece que eso no es responsable [...] El llamado a quienes ejercen el liderazgo político es a la responsabilidad", reiteró en una entrevista a la emisora Blu Radio. Las manifestaciones, sin embargo, han tenido un impulso que va más allá del enfrentamiento entre partidos a pesar de los intentos del líder opositor Gustavo Petro de cabalgar esa ola. Y los episodios de vandalismo, que sí se produjeron en los pasados días, no reflejan el ambiente general que mueve las reivindicaciones de las organizaciones de los trabajadores y el movimiento estudiantil.
La improvisación de la convocatoria del paro nacional se debe a la muerte, el lunes por la noche, de Dilan Cruz, el joven de 18 años que se había convertido en un símbolo de las marchas tras recibir un disparo de un policía antidisturbios. El duelo por ese fallecimiento sobrecogió a Colombia y cambió la ecuación de las protestas. “Precisamente, en homenaje a Dilan se hará el paro nacional de este miércoles”, había anunciado Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
El mandatario empezó una ronda de conversaciones con los principales actores sociales, pero el diálogo con los sindicatos ha quedado de momento en un limbo. Sus reivindicaciones no han cambiado en la sustancia y tienen que ver con la política económica del Ejecutivo, el llamado paquetazo, empezando por el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria. A eso se añadió el rechazo y la preocupación por los casos de represión policial. Varias instancias internacionales han expresado en los últimos días preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Tanto Naciones Unidas como Human Rights Watch han exigido a la Fiscalía una investigación interna que depure las responsabilidades.
Con estas premisas, los líderes sindicales incluyeron en el pliego de 13 puntos que entregaron a Duque también el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, una unidad acostumbrada a actuar sin miramientos desde los años del conflicto armado con la hoy extinta guerrilla de las FARC o en enfrentamientos con el ELN.
La agenda del diálogo incluye también el rechazo a la reforma de las pensiones, busca el compromiso del Gobierno de no poner en marcha nuevas reformas laborales y pide que las autoridades aborden con el movimiento Defendamos la Paz la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Estado y las FARC. Las movilizaciones reflejan de alguna manera las nuevas prioridades del país, que pese a no haber resuelto el problema de la violencia en el campo, dejó atrás una larga guerra.
El Gobierno se ha avenido por ahora a acometer modificaciones a la reforma tributaria. El mandatario tomó nota de las peticiones y el martes, tras conocerse la nueva convocatoria de huelga general, ha comparecido para anunciar la introducción de tres días sin IVA al año para que las familias y las empresas puedan realizar compras, nuevas devoluciones, descuentos en salud para jubilados y un programa de empleo juvenil.
Sin embargo, Duque no ha conseguido por el momento contener la presión de las movilizaciones y su gestión de la crisis por la que atraviesa Colombia le ha costado un aumento del malestar social por un lado y por otro, críticas de los sectores derechistas más radicales de su partido, el Centro Democrático.
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