Los españoles se jubilan cada vez más mayores. El proceso es lento. En los últimos años incluso ha dado marcha atrás un par de veces. Pero la tendencia de fondo se mantiene: la edad media a la que los trabajadores empiezan a cobrar la pensión es ya de 64 años y cinco meses, según la Seguridad Social. Se trata del máximo histórico desde que en 2005 se empezó a registrar este dato. Esta subida se explica por la aplicación gradual de la reforma de pensiones de 2011, la caída del retiro anticipado en un 13% hasta octubre y por varias medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos meses.

La edad legal de jubilación y la edad a la que efectivamente los trabajadores empiezan a cobrar su pensión de la Seguridad Social no son la misma. La primera, la que marca la ley como norma general, es de 65 años para quienes han cotizado 36 años y nueve meses o más, y 65 años y ocho meses para el resto. Pero la edad real es otra cosa, porque la norma tiene excepciones (jubilación anticipada, parcial, de mutualistas que cotizaron antes de 1967...) que permiten empezar a cobrar antes una pensión. Y eso explica que en los 10 primeros meses de este ejercicio la edad media sea de 64,4 años, es decir, 64 años y cinco meses.

Conseguir que esta segunda se retrase y se acerque lo más posible a la legal es uno de los objetivos de las últimas reformas de pensiones: buscan contener el gasto y aumentar el tiempo en que los trabajadores cotizan a la Seguridad Social. También pretenden que esa evolución vaya acompasada con el creciente envejecimiento de la sociedad española. Quien llegaba a los 65 años en 1975 tenía una esperanza de vida de otros 15 años. En 2000 ese horizonte se amplió hasta rozar los 19. Y en 2018 ya superaba los 21. Y eso sin perder de vista que cada vez más personas llegan a los 65 años y la generación del baby boom está a las puertas de la Seguridad Social.

Aquel objetivo era el que perseguía la reforma de 2011, que entró en vigor en 2013, que retrasa la edad legal de jubilación cada ejercicio hasta los 67 años que se alcanzará a finales de 2029. En sus primeros años no lo logró. Al contrario. Pero la situación dio la vuelta en 2017 e, incluso, se ha acelerado este año, cuando en un solo ejercicio se ha retrasado la edad real de jubilación en casi 2,5 meses sobre la de 2018. Esto está directamente vinculado a la caída de jubilaciones anticipadas: las 103.553 de los diez primeros meses del año suponen un 13,3% menos que en el mismo periodo de 2018 y un 40,5% sobre el total frente al 43% de 2018, según el Ministerio de Trabajo.

El incremento en la edad real de jubilación marca un nuevo máximo, al menos desde 2005. Ese año empieza la serie estadística de la Seguridad Social. Los datos anteriores no son homogéneos, aunque expertos y fuentes no oficiales de la Seguridad Social están convencidos de que habría que remontarse a muchos años atrás para dar con una edad real de jubilación más alta.

“En principio, es una buena noticia”, apunta José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía en la Complutense. No obstante, este experto recuerda que no es lo mismo la edad real de jubilación y la edad efectiva de salida del mercado laboral. Este último concepto, utilizado por organismos como la OCDE, responde al momento en que los trabajadores pierden su empleo y ya no vuelven a encontrar uno. Eso en España se produce en torno a los 62,5 años. Ahí suele empezar a cobrarse la prestación contributiva por desempleo, que dura hasta dos años, hasta que se percibe la pensión. 

Al retraso paulatino de la edad legal de jubilación aprobado hace ocho años y las restricciones al retiro anticipado que se decretaron en 2013 (más de lo previsto en 2011), hay que añadir otros cambios más recientes que ayudan a entender por qué ahora se acelera el ritmo. Durante los años de recortes presupuestarios, los Servicios Públicos de Empleo Estatal quitaban a los parados mayores el subsidio de desempleo en cuanto cumplían los requisitos legales para cobrar la jubilación. Eso les abocaba a acudir a la Seguridad Social a pedir la pensión, lo que en muchos casos forzaba al trabajador a jubilarse con una paga más baja de la que tendría si hubiera tardado unos meses más.

Este criterio se eliminó con la vuelta del PSOE al poder. Además, se elevó la base de cotización de quienes perciben ese subsidio del 100% del salario mínimo al 125%. Ambas medidas conjugadas permiten a trabajadores de más edad que llevan años en paro calcular cuándo les conviene jubilarse, esperando si esa base de cotización les permite luego cobrar una mejor pensión o eludiendo los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas.

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