Los empresarios adinerados de Nicaragua evalúan la posibilidad de financiar a candidatos de la oposición en las próximas elecciones presidenciales de 2021 con la intención de destronar a Daniel Ortega, de 74 años y quien gobierna ininterrumpidamente el país centroamericano desde 2007. «El dinero comenzará a fluir. No hay duda», dijo un empresario de una afluente familia nicaragüense a la agencia Reuters, la cual estima que el coste de la operación en un máximo de 25 millones de dólares.
El estallido social contra Ortega surgido el 18 de abril 2018 ha supuesto un duro golpe para la economía nicaragüense, lo que también ha golpeado también las finanzas de los empresarios. A su vez, el país centroamericano ha sido sometido a diversas sanciones internacionales que también han dañado el desempeño de su economía. Por ello, el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción del 5,7% en 2019 ante la caída del financiamiento, inversión y empleo
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la patronal del país, ha sido una de las voces más críticas contra Ortega dentro de los principales movimientos de oposición nacidos al calor de las manifestaciones que exigían la renuncia del presidente. Así, los empresarios han formado parte de la Alianza Cívica, junto a agricultores y asociaciones de estudiantes, para apoyar diversos actos de protesta, hasta el punto de expresar su aprobación a varias de las huelgas que ha vivido Nicaragua en el último año y medio para tratar de lograr que Ortega dejará el poder, algo que no ha ocurrido.
Tras unos meses de en los que parecía que la situación se había calmado, los ciudadanos de Masaya están volviendo a vivir momentos de tensión debido a varios ataques perpetrados por simpatizantes de Ortega en dos iglesias. El último se produjo el jueves cuando simpatizantes del presidente trataron de atacar a varios católicos durante una misa en la iglesia de San Juan Bautista, mientras que la iglesia de San Miguel Arcángel se encuentra desde hace más de una semana sitiada por la policía tras dar asilo a once madres que han iniciado una huelga de hambre para exigir la liberación de personas que han sido detenidas por motivos políticos, según dicen.
En Nicaragua se calcula que unas 800 personas han sido detenidas por participar en las manifestaciones contrarias al gobierno, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro fundada durante la dictadura de la Familia Somoza (1936-1979). Sin embargo, la ONU estima que el número de detenidos por motivos políticos son unas 400 personas desde el 18 de abril de 2018, cuando empezaron las protestas. Desde entonces, han muerto más de 325 personas a causa de la represión orteguista, según la Organización de Estados Americanos.
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