La Fiscalía boliviana ha abierto este viernes una investigación contra el expresidente Evo Morales por los delitos de sedición y terrorismo, en respuesta a la difusión, por parte del Gobierno de Jeanine Áñez, de la grabación de una llamada telefónica, en la que supuestamente Morales da instrucciones de bloquear los caminos y “no dejar pasar alimentos” a las ciudades. El expresidente, a través de su cuenta de Twitter, ha considerado el video un “montaje” y se ha extrañado de que la Fiscalía actúe “de oficio” –espontáneamente– en su contra, al mismo tiempo que no investiga a “30 hermanos asesinados a bala” en los últimos días.
Según el Gobierno, el video fue extraído del celular del hijo de uno de los dirigentes de los bloqueos que los campesinos realizan en varias carreteras del país, especialmente en Cochabamba. Esa es la zona de influencia de los cocaleros, el sector social que Morales nunca ha dejado de dirigir. Este dirigente se llama Faustino Yucra, está prófugo y las autoridades dijeron que ya era buscado con anterioridad por tráfico de drogas. En la grabación, se ve a Yucra hablando por celular; la voz que sale del altavoz del teléfono es la de Evo Morales, que le pide organizar esmeradamente el bloqueo de caminos para evitar que “la gente se canse” y ser muy riguroso para combatir mejor a “la dictadura golpista y racista”, en alusión al Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.
Coincidiendo con la acusación contra Morales, el jefe saliente de la policía encargada del combate a las drogas, señaló que al menos 50 dirigentes cocaleros son buscados por narcotráfico, una información que no se había conocido antes. Y uno de los abogados principales de los grupos políticos en el poder, Luis Vásquez, a quien se le atribuye haber hecho lobby ante el Tribunal Constitucional para lograr el respaldo que esta institución dio a la toma de posesión de Áñez, insinuó que se podría enjuiciar a Morales en tribunales internacionales, ya que el expresidente estaba cometiendo “crímenes de lesa humanidad”, como impedir la llegada de alimentos a las ciudades.
El vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García, que formalmente era el segundo en el partido de Morales, fue detenido por la Policía mientras circulaba en un automóvil sin matrícula por La Paz, llevando ordenadores y papeles que, según el Gobierno, tenían relación con el fraude que, se alega, fue cometido por el MAS en las elecciones del pasado 20 de octubre. Sin embargo, se anticipó que García será acusado de otro delito, sedición, que tipifica los comportamientos de quienes se resisten a obedecer y desconocen al Gobierno, y que tiene una pena de uno a tres años de prisión.
Evo Morales y las pocas voces del MAS que todavía se escuchan en el país han denunciado que el nuevo Gobierno está tratando de criminalizar la protesta social y de detener a los dirigentes sindicales a fin de aplacar los conflictos actuales. Tanto Cochabamba como La Paz, la capital administrativa del país, están “cercadas” por campesinos y por vecinos de las zonas más populares. Los habitantes de El Alto impiden que llegue gasolina y gas a la colindante La Paz; para ello bloquean la planta de acopio de estos combustibles situada en Senkata, donde el martes murieron ocho personas en un incidente que el oficialismo considera un “atentado terrorista”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandado una misión a Bolivia para que investigue los graves sucesos que se han producido como parte de la crisis boliviana que comenzó un día después de las elecciones, cuando la oposición denunció la existencia de fraude electoral, y que tuvo su ápice en el derrocamiento de Morales y su salida del país.
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