Bruselas ultima la creación de un fondo para la reconversión de las zonas carboneras de la Unión Europea que se verán afectadas por la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles. Y, entre todos esos combustibles, el carbón –el más contaminante y el que más gases de efecto invernadero emite al generar electricidad– es el que está condenado a caer primero en la lucha contra el cambio climático. El fondo y la estrategia de “transición justa” están llamadas a ser piezas clave del New Green Deal, el gran programa verde que la Comisión pretende poner en marcha en los 100 primeros días de su mandato, que arranca el 1 de diciembre.
El fondo estará dotado con 5.000 millones de euros, aunque forma parte de un paquete en el que la Comisión espera movilizar hasta 35.000 millones de euros, según un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. Según el documento, hasta 50 regiones europeas podrían acceder a los fondos, seis en España (Asturias, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía). La cuantía y diseño de ese plan, no obstante, genera cierta inquietud entre varias regiones afectadas, que temen que pueda tener un menor impacto del esperado.
El objetivo es ayudar tanto a las comarcas mineras como a los trabajadores de las centrales eléctricas que queman carbón, protagonista durante dos siglos del crecimiento económico de Occidente y ahora condenado.
Los socios de la UE siguen pugnando por fijar el 2050 como el año del fin de los combustibles fósiles. Existe una amplia mayoría que respalda esa meta, que también comparte la Comisión y que supondría que Europa se sitúe en el grupo más ambicioso de los firmantes del Acuerdo de París. El Parlamento Europeo debatirá esta semana una moción en la que precisamente se fija como objetivo que las emisiones de efecto invernadero sean cero en 2050. Varios países de la UE —entre ellos España— se han comprometido ya por su cuenta a cumplir esa meta, pero aunque también están a favor la Comisión y la Eurocámara todavía se debe convencer a Polonia, Hungría y la República Checa. Se oponen con el argumento de los elevados costes económicos y laborales que tendrá para ellos esa transición.
El Joint Research Centre (JRC) –órgano científico asesor de la Comisión– estima que dos tercios de los puestos de trabajo ligados al carbón –en las minas y las centrales– desaparecerán de aquí a 2030. Eso supone la pérdida de 160.000 empleos en la próxima década. Polonia –que actualmente acumula 112.500 empleos en este sector y genera el 80% de su electricidad con carbón– será la gran afectada por esta transición en la UE. Solo en la región polaca de Silesia el JRC estima una pérdida de 40.000 puestos hasta 2030.
La presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, prometió que los esfuerzos para hacer más verde la economía de la UE irían acompañados de un “fondo para una transición justa”, cuyo diseño podría ser presentado en cuestión de semanas, según las fuentes comunitarias consultadas. La Dirección General de Política Regional y Urbana ha esbozado en un documento las principales pautas del nuevo instrumento.
Hasta 35.000 millones
Según el texto, el fondo formará parte de una iniciativa mayor que espera movilizar hasta 35.000 millones en el periodo 2021-2027 mediante dos pilares. En primer lugar, la Comisión quiere crear un paquete de 15.000 millones procedentes de ese nuevo mecanismo (5.000 millones), de fondos ya existentes como el de Desarrollo Regional o el Social (5.000) y del bolsillo de los países beneficiarios, que deberán cofinanciar los proyectos (5.000). Los otros 20.000 millones llegarían de la movilización de recursos por parte de InvestEU (el programa de inversión que sucederá al Plan Juncker), que con una aportación de 1.500 espera arrastrar hasta 18.500 de inversión privada.
El documento fija los criterios para elegir las zonas a las que vayan esos recursos, que tendrían en cuenta los datos de empleo, la intensidad de carbono o la producción de turba. Partiendo de esos parámetros, hasta 50 regiones de 18 países podrían obtener recursos. Los más beneficiados serían Polonia (10 áreas), Alemania (ocho), España (seis), Grecia (cinco) e Italia (cuatro), pero también República Checa, Rumania, Bélgica, Francia o los Países Bajos podrían optar a ese dinero. Eso no significa, sin embargo, que todas esas regiones vayan a recibir fondos. El documento sugiere un papel relevante para que los países decidan dónde asignar el dinero.
La Dirección General de Política Regional y Urbana considera que esa “flexibilidad” puede ser un problema, puesto que, si bien esa descentralización puede permitir atender a las “situaciones complejas”, también puede “socavar la validez y relevancia” de los criterios definidos para que las regiones se beneficien del plan.
Entre las regiones hay inquietud por el elevado número de zonas. Al principio, 18 regiones europeas –entre ellas Asturias, Aragón y Castilla y León– se coordinaron para presionar para lograr un fondo. El número de áreas que se han apuntado a esas demandas ha ido creciendo, sobre todo tras ese informe del JRC que detectaba hasta 41 zonas. Ahora, son 50 para repartirse el pastel. También se recela de que los países puedan tener un mayor papel que la Comisión a la hora del reparto.
Un dictamen del Comité de las Regiones de octubre pedía que esos fondos “se asignen directamente a las regiones en las que están situadas esas minas” y desde la política de cohesión, pero sin hacer uso de otros recursos ya existentes. El documento admite los riesgos de incluir tantas zonas: desde que esos 5.000 millones queden difuminados hasta posibles agravios entre países.
Minas y centrales
La “transición justa” –expresión en la que se engloban las acciones para paliar los efectos negativos de la transformación de la economía para eliminar los gases de efecto invernadero– es uno de los términos habituales en las negociaciones sobre cambio climático. Y en la cumbre del clima de la ONU que Madrid acogerá en una semana será uno de los asuntos a tratar, según aseguró ayer la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Su departamento basa su estrategia climática nacional en tres elementos: la futura ley de cambio climático que el Ejecutivo pretende sacar adelante, el plan de energía y clima enviado a Bruselas y el programa de transición justa.
Este plan ya ha sido aprobado y va destinado a las comarcas mineras que han tenido que cerrar los yacimientos. Todas las minas de carbón fueron clausuradas en enero de este año debido a que no son viables si no reciben ayudas públicas, algo que no permite la normativa comunitaria. Esas comarcas cuentan ya con apoyo financiero estatal y parte del empleo se mantendrá gracias a las labores de clausura de los yacimientos, que se prolongarán durante años.
El cierre de las minas ha desencadenado también el cierre de las centrales eléctricas que queman este mineral nacional, que se producirá durante los próximos meses. Además, también se está precipitando la clausura de otras centrales que quemaban carbón de fuera de España por el alza del precio de los derechos de emisión de CO2 que tienen que comprar para operar. Las comarcas afectadas por el cierre de estas plantas –que en principio no estaba previsto hasta finales de esta década– también podrán beneficiarse del nuevo fondo que pondrá en marcha Bruselas.
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