La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, fue consejera entre 2003 y 2005 de una empresa, propiedad del despacho de abogados Baker & Mckenzie, domiciliada en las islas Bermudas, un pequeño territorio en el Atlántico frente a la costa Este de EE UU que figuraba entonces en la lista negra de la Unión Europea (UE) de paraísos fiscales. La mandataria perteneció, también, al consejo de una sociedad vinculada a la misma firma internacional en la República de Singapur cuando este país estaba blindado por el secreto bancario.
Lagarde fue socia hasta junio de 2005 del despacho de abogados internacional Baker & McKenzie. La firma, con presencia en todo el mundo, controlaba en Bermudas la sociedad Law in Context Ltd, un holding en el que la mandataria francesa figuraba como consejera, según confirman a EL PAÍS fuentes próximas al bufete.
La dirigente abandonó Law in Context en 2005 para ser ministra de Comercio Exterior del Gobierno del entonces primer ministro francés Dominique de Villepin. Años después, en 2011, se convirtió en directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde hace un mes es la presidenta del Banco Central Europeo (BCE).
Considerado como uno de los lugares más opacos del planeta, Bermudas fue hasta el pasado mayo un paraíso fiscal por su baja tributación, según la lista negra que elabora la UE. Google recurrió a estas islas en el Atlántico en 2017 para desviar 20.000 millones de euros desde su filial holandesa, Google Netherlands Holdings BV. El objetivo: reducir de forma legal el pago de impuestos fuera de EE UU a través de una treta jurídica conocida como el sándwich holandés. Muchas multinacionales utilizan paraísos fiscales para reducir su factura tributaria. Esta práctica es una de las grandes preocupaciones de las organizaciones internacionales, que buscan ponerle freno.
El holding para el que trabajó Lagarde como consejera se domicilió en el número 41 de Cedar Avenue en la capital de Bermudas, Hamilton. Una dirección donde también están radicadas otras compañías offshore, según ha comprobado este diario.
La firma Law in Context Ltd fue creada por Appleby, despacho especializado en constituir estructuras en paraísos fiscales. Con más de 200 abogados, este estudio jurídico tiene filiales en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Jersey, la isla de Man, Guernsey y Mauricio.
Un portavoz de Baker & McKenzie afirma que “el holding [al que perteneció la mandataria] se hizo bajo la ley de Bermudas, una práctica común entonces de muchas empresas que cotizaban en Bolsa y tenían negocios internacionales”. En España, por ejemplo, muchas empresas del Ibex 35 tienen sucursales en estos territorios para hacer negocios legales.
“Lagarde no tuvo interés económico en la actividad de Law in Context Ltd más allá de la mínima cantidad de cualquier otro socio de Baker & McKenzie. En cualquier caso, perdió ese mínimo interés cuando salió del despacho para aceptar un cargo en el Gobierno francés”, indican fuentes próximas a la presidenta del BCE y ex directora gerente del FMI. Las mismas fuentes, añaden: “Lagarde nunca tuvo una cuenta en un paraíso fiscal ni se benefició de ninguna ventaja ilegal”.
Tras ingresar en el Colegio de Abogados de París, la mandataria desembarcó como asociada en Baker & McKenzie en 1981. En este despacho, uno de los más importantes del mundo, se especializó en fusiones y adquisiciones, competencia y derecho laboral. También fue presidenta de sus comités ejecutivo y estratégico en 1999 y 2004, respectivamente.
Fuentes próximas a esta firma indican que Baker & McKenzie tenía 500 socios cuando Lagarde trabajó para ella y que su participación en la estructura de Law in Context fue “testimonial”. “Se trataba de una compañía que nunca recibió ningún ingreso”, añaden estas fuentes.
Baker Mckenzie creó Law in Context Pte Ltd en 2003 en la República de Singapur, un país blindado entonces por el secreto bancario y que figura en el octavo puesto de la lista de 64 paraísos fiscales de la organización Tax Justice Network. La firma estaba radicada en el número uno de Temasek Avenue del país asiático.
Concebida para la difusión de información legal a través de Internet, la compañía que pilotó Lagarde centraba su actividad de negocio en Suiza, según una auditoría de 2009 de la consultora Ernst & Young. El holding tuvo también una filial en el paraíso fiscal de Delaware (EE. UU.) que hacía negocios en territorio estadounidense, según fuentes próximas a Baker & McKenzie
El despacho declina detallar la estructura empresarial completa a cuya cúpula perteneció Lagarde. Y señala que la firma Law in Context Ltd ofrecía a los clientes información legal online. Explican que nació tras la burbuja de las puntocom, el periodo de eclosión de valores vinculados a Internet que se desarrolló entre 1997 y 2001. El servicio difundía información sobre leyes y regulación en distintos países. Y, en especial, sobre banca privada, cumplimiento y laboral. También ofrecía cursos de formación online y normativa sobre anticorrupción. La mayoría de los clientes eran multinacionales. Y destacaban empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York.
Junto a Lagarde, figuraron también como consejeros de Law in Context Ltd en Singapur otros socios de Baker & McKenzie. Uno de ellos fue un español que perteneció al comité ejecutivo mundial del despacho y que ya abandonó la compañía. Law in Context Ltd salió a la luz en 2016 entre los 200.000 nombres de personas y empresas vinculadas a territorios offshore que afloraron en los Panama Papers. Una filtración de 2,6 terabytes de cuentas opacas gestionadas en Panamá por el despacho Mossack Fonseca.
En el punto de mira
Bermudas y Singapur permanecen en el punto de mira de organizaciones internacionales que combaten los agujeros fiscales del planeta. Aunque la UE sacó el pasado mayo a la primera de su lista negra tras instarle a ajustar su reglamento en materia de inversión colectiva, ONG's como Oxfam siguen calificando a este territorio del Atlántico como “uno de los peores paraísos fiscales del mundo”. Una investigación de esta organización reveló que las multinacionales estadounidenses registraron unos beneficios en el archipiélago caribeño en 2012 de 72.287 millones de euros. Una suma que supera a la cifra declarada por estas compañías en Japón, China, Alemania y Francia.
Tras el escándalo de los Panama Papers, fue la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien criticó los manejos de las multinacionales para pagar menos impuestos. “La evasión fiscal provoca mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios”, declaró la mandataria en una reunión en Valencia en junio de 2017 del Grupo Acción Financiera Internacional (FATF, en sus siglas en inglés).
