Irán sigue aislado digitalmente del mundo. Las autoridades mantienen cortado el acceso a Internet para impedir que se difundan y extiendan las protestas desatadas por la subida del precio de la gasolina el pasado viernes. A pesar de las dificultades para obtener información fiable dentro del país, la ONU estima que “decenas” de personas han muerto en la represión de las manifestaciones y Amnistía Internacional cifra en 106 los civiles fallecidos.
“Estamos especialmente alarmados porque la utilización de munición real habría causado un importante número de muertes en todo el país”, ha declarado este martes Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa en Ginebra. De acuerdo con los datos que ha recogido este organismo, “decenas de personas podrían haber resultado muertas y numerosas heridas en al menos ocho provincias”.
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) da la cifra de 106 manifestantes muertos en 21 ciudades. “Grabaciones de vídeo verificadas, testimonios de testigos e información reunida por activistas fuera de Irán revelan un patrón desgarrador de asesinatos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad iraníes”, asegura la ONG. Además, al menos un millar de personas han sido detenidas, según han admitido las autoridades.
El aumento del precio de la gasolina de 10.000 a 15.000 riales (de 7,5 a 11 céntimos de euro) por litro ha sacado a la calle a decenas de miles de iraníes desde el viernes. Pero se trata de un mero desencadenante que ha puesto de relieve un malestar mucho más profundo con la grave situación económica que atraviesa la República Islámica. Privado de la exportación de petróleo por las sanciones de EE UU, el régimen tiene dificultades para financiar un subsidio energético que cuesta 69.000 millones de dólares (62.3000 millones de euros) al año a las arcas del Estado.
El Gobierno pretende liberar así 2.550 millones de dólares para utilizarlos en las ayudas directas a los más necesitados. Sus portavoces han asegurado que el 70% de los 83 millones de iraníes van a recibir estos beneficios mensualmente. Sin embargo, con una inflación del 40% y en medio de las continuas revelaciones de casos de corrupción entre las élites dirigentes, los iraníes no atienden a explicaciones.
A pesar de las amenazas lanzadas el lunes por la Guardia Revolucionaria, los poderosos Pasdarán, han seguido produciéndose manifestaciones. Son las protestas más graves desde 2017, cuando los iraníes salieron a la calle para quejarse de la subida de los precios y la falta de trabajo para los jóvenes. Como entonces, los eslóganes han pasado enseguida de lo inmediato a la queja contra los dirigentes (se han quemado retratos del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y del presidente Hasan Rohani) y su despilfarro de los recursos nacionales para financiar milicias en países vecinos. También en algunos casos se han tornado violentas por la quema por parte de manifestantes de gasolineras, bancos y mobiliario urbano.
Los medios iraníes han informado de la muerte de “tres agentes de las fuerzas del orden”, un oficial de la Guardia Revolucionaria y dos miembros de la milicia auxiliar de voluntarios basiyis. Al parecer, fueron acuchillados tras ser objeto de una emboscada en una localidad al oeste de Teherán. Con ellos suman cinco los muertos reconocidos oficialmente, incluidos un policía y un civil durante el pasado fin de semana.
Al menos otras seis personas han fallecido, según informaciones publicadas por agencias de noticias iraníes, aunque sin citar fuentes ni detalles. Las autoridades desestiman las numerosas denuncias al respecto que se han difundido a través de las redes sociales y que tachan de intoxicación.
Desde el sábado, la información llega además con cuentagotas, ya que el acceso a Internet se ha reducido hasta niveles inoperativos. “65 horas después de aplicar un cierre prácticamente total de Internet, se están cortando algunas de las últimas redes y la conectividad con el mundo exterior ha caído hasta el 4% de sus niveles normales”, advertía la ONG NetBlocks, que vigila la libertad de acceso a la web.
Numerosos negocios privados, desde agencias de viaje hasta academias de idiomas, pasando por empresas de distribución y bancos, se han encontrado bloqueados en su actividad por la falta de conexión. “Comprendemos que la gente tiene dificultades [debido al corte], pero en las circunstancias actuales la prioridad es mantener la paz y la estabilidad del país”, ha declarado el portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabie, citado por la agencia Isna.
No obstante, los propagandistas del régimen siguen accediendo a Internet sin trabas aparentes. Algunos internautas han propuesto que dado que los iraníes tienen vetado el acceso a las principales redes sociales, estas cierren las cuentas de sus dirigentes. Desde esa tribuna negada al resto, difunden la celebración de “manifestaciones contra los disturbios y en apoyo del Gobierno y la seguridad” en Tabriz y Zanjan. La falta de periodistas independientes impide verificarlo.
“Tanto los corresponsales extranjeros como los reporteros locales que trabajan para medios de fuera tienen prohibido cubrir las protestas”, cuenta un periodista iraní al que la medida le recuerda el silencio informativo que se trató de imponer durante las protestas de 2009 por la reelección de Mahmud Ahmadineyad.
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