La Conferencia Episcopal, Naciones Unidas y la Unión Europea promueven un intento de mediación para buscar una salida a la profunda crisis política y social que sacude Bolivia. Estas instituciones convocaron a representantes del Gabinete interino, del partido del expresidente Evo Morales y organizaciones civiles, después de una semana de convulsión que las autoridades provisionales no han sabido solucionar. El objetivo es facilitar un acuerdo para renovar el Tribunal Electoral y convocar elecciones. Jeanine Áñez, que asumió el poder hace una semana, aún no ha fijado fecha para la convocatoria.
Bolivia está al borde de un abismo. El conflicto institucional, las movilizaciones que no cesan y en las que ya han fallecido más de 20 personas, la represión de las Fuerzas Armadas en las protestas, los episodios de vandalismo, las posiciones encontradas del equipo de Áñez y del Movimiento al Socialismo (MAS), que sostuvo al Gobierno de Morales durante casi 14 años, sitúan al país en un callejón sin salida. El acercamiento entre las partes y el diálogo son, sin embargo, la única vía para desbloquear la situación. Con esta premisa, la Iglesia, la ONU y Bruselas unieron esfuerzos tras días de contactos frustrados.
“El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos, por ello llamamos a acudir a esta convocatoria. Celebrar nuevas elecciones, transparentes y confiables, es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica”, señala el comunicado de la Conferencia Episcopal, impulsora de la iniciativa, que convocó este lunes una reunión que estaba prevista para primera hora de la tarde. La convocatoria debe ir acompañada de una renovación del Tribunal Electoral y el Gobierno interino se ha escudado en la posible falta de acuerdo del Parlamento, donde el MAS sigue siendo mayoría absoluta, para evitar fijar esas fechas. No obstante, ese debate aún no se ha abordado a fondo y la sucesora provisional de Morales tampoco ha apuntado, pese a prometerlo, a unos plazos aproximados. La Constitución le da tres meses para tomar una decisión y este lunes el Gobierno no descartó tener que convocar los comicios a través de un decreto, como sugirió el principal rival de Morales en las elecciones de octubre, Carlos Mesa.
El antiguo partido oficialista no apoyó la asunción de Áñez y lleva una semana denunciando un golpe de Estado. Sin embargo, fue el mismo exmandatario, que tras abandonar el país rumbo a México, donde se encuentra asilado, reclamó un apoyo externo para destrabar la crisis. “Pido a organismos internacionales como la ONU, países amigos de Europa e instituciones como la Iglesia Católica (...) acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia. La violencia atenta contra la vida y la paz social”, escribió en Twitter, donde formula denuncias constantes contra las nuevas autoridades.
Ante la enorme brecha entre los interlocutores, los mediadores solicitaron a los líderes de opinión y los medios de comunicación “bajar el tono de las declaraciones para facilitar el diálogo y entendimiento entre todos”.
Aumento de la tensión
La escalada verbal ha caracterizado no solo a los seguidores de Morales, que rechazan de plano lo sucedido en los últimos días, sino que también ha marcado los primeros pasos del Gobierno interino. Hay ministros que han tomado decisiones políticas de alcance, como la canciller, que rompió relaciones con Venezuela formulando acusaciones de injerencia. Y otros que se han centrado en arremeter contra sus antecesores, a los que consideran responsables de un intento de desestabilización a través de las protestas.
Es el caso de Arturo Murillo, ministro del Gobierno y responsable de la política de seguridad. Al asumir su cargo anunció una “cacería” de rivales y este lunes elevó la tensión al denunciar públicamente los planes de una organización que quiere atentar contra Áñez. “Hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta y, por eso, hoy día hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal”, dijo.
Todos hablan de “pacificar”, pero la realidad es que Bolivia sigue sumida en una durísima confrontación social y golpeada a diario por la violencia. Varios organismos internacionales, empezando por Naciones Unidas, han rechazado esos episodios y condenado decisiones como la despenalización de las acciones cometidas por militares contra los manifestantes.
En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, encomendó al diplomático Jean Arnault los contactos con todas las partes y ofrecer el respaldo de la organización en la resolución de este conflicto. Este lunes los bolivianos esperaban que la reunión de los principales actores políticos abriera el camino para poder entablar una mesa de negociación tras el más grave conflicto que sufre el país en su pasado reciente.
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