Las comunidades autónomas incumplen sistemáticamente la obligación de dar documentos a los menores extranjeros no acompañados que tienen a su cargo. Hasta el 31 de junio solo 2.573 niños y adolescentes contaban con una autorización de residencia en vigor. Es un número insignificante si se tiene en cuenta que según el registro oficial hay unos 12.300 menores extranjeros en acogida en España. Los datos, obtenidos gracias a la Ley de Transparencia, revelan que solo el 21% de los menores cuenta con un documento con la autorización que le corresponde por ley.

La ley no considera irregulares a los menores extranjeros no acompañados, pero eso no exime a las administraciones de tramitar en un periodo máximo de nueve mese los documentos de los niños que tienen bajo su tutela.

Sin un documento que les identifique, como le ocurriría a cualquier ciudadano español sin un DNI, los niños inmigrantes no ejercen parte de sus derechos. No pueden acceder a deportes federados, ni a cursos de formación profesional, no pueden empadronarse, ni optar a beneficios sociales, como las ayudas para el transporte. “Un chico con un NIE es un chico al que podemos integrar y con el que podemos trabajar. Un chico sin un NIE es pura vulnerabilidad, invisibilidad y exclusión”, advierte Michel Bustillo, delegado de Voluntarios por otro Mundo, entidad que trabaja con jóvenes inmigrantes  sin familia que cumplen la mayoría de edad. “Una persona que no puede acceder a los recursos para la inserción está condenada a la marginalidad”, añade.

Ayoub Hicho, un joven marroquí que ha dormido en las calles de cuatro países, fue uno de estos niños. Estuvo acogido en España durante más de tres años, pero nunca tuvo su documentación en regla. A los 12 años estaba en Andalucía y a los 15 en Madrid. Pasó por tres centros de acogida y un piso. “Nadie me hizo los papeles. Siempre me decían ‘espera, espera’. Mi partida de nacimiento y mi libro de familia siguen en Chipiona [Cádiz]. Nadie hizo nada con ellos”, cuenta en perfecto español. Sin documentos, emprendió un periplo que le llevó a los servicios sociales de Holanda, Alemania y Francia, pero tampoco le fue bien. “Estoy seguro de que mi vida habría sido otra si hubiese tenido mis papeles”, asegura. Recién cumplidos los 18 años ha decidido volver a España. Ahora es un adulto que habla seis idiomas, pero es más invisible que nunca. No vive, sobrevive. Está enganchado a los ansiolíticos y duerme sobre cartones en un parque del barrio madrileño de Lavapiés. Pretende lograr ahora solo lo que las administraciones debían haber hecho por él hace seis años. “Mi sueño es tener papeles y poder trabajar. De lo que sea. Me alquilo una casa y voy a Marruecos a ver a mi madre que hace seis años que no la veo”.

El incumplimiento tiene consecuencias graves cuando los menores indocumentados llegan a los 18 años porque además de estar obligados a abandonar su centro o piso de acogida, pasan a ser inmigrantes irregulares. Al convertirse en adultos los requisitos se multiplican y la ley les exige, aunque no tienen permiso para trabajar, una renta mínima mensual de unos 500 euros o una entidad dispuesta a asumir su manutención. Además tienen que aportar un informe favorable de la entidad que los tuteló que certifique su integración y su participación en actividades formativas —a las que no tienen acceso sin papeles—. Las estadísticas reflejan el obstáculo que suponen estas exigencias: en 2018 solo 38 extutelados de 18 años consiguieron una autorización de residencia. La responsable de Políticas de Infancia de Unicef, Sara Collantes, advierte: “Sin papeles y sin permisos no es posible la inclusión en la sociedad”.

La tramitación de la residencia comienza en los centros de acogida de menores. El primer paso es conseguir la documentación de los niños y, con ella, las comunidades elevan la solicitud a la correspondiente Subdelegación de Gobierno. El proceso se lastra desde el inicio. “Los consulados de Marruecos están retrasando excesivamente la identificación y otros, como el de Guinea, bloquean el proceso al no expedir pasaportes”, denuncia Bustillo. “Los menores enfrentan, primero, la barrera de sus propios consulados y, después, la de la Administración y las subdelegaciones de Gobierno”, añade la investigadora de UNICEF.

Los datos enviados a EL PAÍS por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social revelan también las dificultades que tienen los menores extranjeros para poder trabajar, el objetivo que les llevó a cruzar el Mediterráneo. En 2018, solo 218 chicos entre 16 y 17 años recibieron la autorización para hacerlo, una gestión que también depende de la diligencia del centro de protección. El número es aún menor en el caso de jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad. Solo 54 extutelados de 18 años obtuvieron este permiso de trabajo el año pasado. “La ley les exige un contrato de trabajo de un año a jornada completa y los requisitos a las empresas hacen muy difícil que opten por contratarlos”, explica Lourdes Reyzábal, directora de Fundación Raíces. “No tiene sentido tener una ley que considere regulares a estos niños hasta los 18 años y que, sin embargo, no tengan derecho a trabajar”, reflexiona Reyzábal. “Esto les aboca a la marginalidad y la exclusión social”, concluye.

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