El Gobierno de Dilma Rousseff, en un desesperado intento de últimísima hora de detener el juicio político a la presidenta, ha decidido recurrir ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Si el tribunal no acepta el recurso, como parece lo más probable, los senadores discutirán y votarán el impeachment a lo largo del día y tal vez de la noche del miércoles, en una histórica jornada maratoniana. Según todas las encuestas, apartarán a Rousseff del cargo, convirtiéndola en una suerte de presidenta fantasma.


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Entre las razones esgrimidas por los abogados del Gobierno para el recurso se cuenta la de que el origen de todo el proceso descansa en una venganza personal del antiguo presidente del Congreso, Eduardo Cunha, actualmente depuesto, acusado de corrupción. Y recuerdan que Cunha dio, el 2 de diciembre de 2015, vía libre al impeachment sólo unas horas después de que un grupo de parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Rousseff, anunciara que iban a votar favor de que se investigara al presidente del Congreso por sus cuentas sospechosas en Suiza.

El recurso constituye la última sacudida de un proceso impredecible. La última la propició Wladir Maranhão, el presidente interino del Congreso, que anuló el impeachment el lunes por la mañana y lo volvió a aprobar el lunes por la noche.

La espantada de Maranhão, aparte de otras cosas, constituye, en el fondo, un síntoma de la fragilidad de buena parte de la clase política brasileña. De eso da cuenta la cadena de bandazos del impeachment. El expresidente del Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, lo resumió ayer lunes en un comentario hiriente: “¿Saben lo que el mundo entero está pensando de nosotros? Que es de cachondeo. Y es así. Ahí está, expuesta al mundo, nuestra triste y pobre guerra de facciones. Un vejamen tras otro”.

Maranhão es un político de segunda fila que el jueves pasado se encabalgó a la presidencia del Congreso brasileño para sustituir precisamente a Cunha. Y amparado en su nuevo cargo, anuló las sesiones parlamentarias de mediados de abril en las cuales el Congreso dio inicio al impeachment. Lo justificó en un recurso remitido por la Abogacía General del Estado e influido por Flávio Dino, el Gobernador de su Estado, Maranhão, del Partido Comunista de Brasil, contrario a la destitución de Rousseff.

Después, amenazado por su partido, el Partido Progresista (PP, de centro derecha), con expulsarle y por un grupo de parlamentarios con destituirle, reculó. Por la noche hacía público un comunicado minúsculo: “Revoco la decisión por mí instruida el 9 de mayo por medio de la cual anulaba las sesiones parlamentarias de la Cámara de Diputados de los días 15, 16 y 17”.

El recurso ante el Tribunal Supremo Federal es la última bala del Gobierno. Todo el mundo en Brasilia da por seguro el resultado de la votación del Senado: más de la mitad de los 81 senadores votarán a favor de celebrar un juicio político contra de Rousseff. Entonces, el presidente del Senado, Renan Calheiros, enviará un oficio al cercano palacio de la presidenta, informándola del resultado de la votación y obligándola, si es que sale todo como está previsto, a apartarse del poder. Durante 180 días como máximo, los senadores juzgarán pormenorizadamente si la presidenta cometió o no un “crimen de responsabilidad” por unas supuestas irregularidades contables que el Gobierno considera una nadería que siempre se ha hecho y la oposición, un atentado contra la democracia: utilizar préstamos de bancos públicos para equilibrar presupuestos. Rousseff volvió a mostrar su disposición a la pelea.

Mientras, el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimento Democrático de Brasil (PMDB), antiguo aliado de Rousseff, hoy su peor enemigo, considerado un auténtico traidor por el Gobierno, asumirá el cargo con plenos poderes. De hecho, ya tiene en mente —y en las páginas de los muchos periódicos que se han hecho eco de las filtraciones— su nuevo equipo ministerial, que tenderá, según todas esas filtraciones, a recomponer la maltrecha economía brasileña a base de recortar gastos y de desarrollar un programa espartano de ajuste fiscal que guste a los mercados. Rousseff, por su parte, languidecerá exiliada en su propio palacio, con las manos atadas, convertida en una figura algo espectral. Ella ha asegurado que no piensa renunciar ("mi mandato termina en 2018", insistió ayer), que se quedará esperando el veredicto final del juicio del Senado los reglamentarios 180 días. Esos mismos días que Temer utilizará para, además de encargarse del país, blindarse en el poder e imposibilitarle la vuelta. Será una situación institucional e histórica inédita en un país ya dado de por sí al sobresalto diario.

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