Chile vive uno de los momentos políticos de mayor complejidad desde que el 18 de octubre, hace casi un mes, estalló una crisis nunca vista en su historia reciente, con inéditos niveles de violencia y destrucción de sus ciudades. El Gobierno no ha logrado en estos 27 días controlar el orden público. El martes, en una jornada de paro nacional convocada por un centenar de sindicatos y fuerzas sociales, las concentraciones y marchas pacíficas fueron seguidas por altercados provocados por grupos violentos que nadie controla y que generaron el caos en varias ciudades y pueblos del país. De acuerdo con las cifras oficiales, hubo al menos mil detenidos, casi 400 heridos (46 civiles y 347 agentes de la policía y las fuerzas armadas), un centenar de saqueos a comercios, unos 200 cortes de vías de comunicación y al menos 30 incendios en todo el país. Fue quemada infraestructura pública y privada, sedes de partidos políticos, edificios de viviendas y universitarios y oficinas gubernamentales. Además, el Ejecutivo informó de que una persona fue atropellada en una carretera del norte del país, por lo que son ya 21 los fallecidos a causa de la crisis (cinco de ellos a manos de agentes).
La política chilena vive horas cruciales. Busca una salida institucional al conflicto, pero esta se ve todavía lejana y además no parece que pueda apaciguar la violencia de una protesta sin líderes y que enfrenta a las instituciones democráticas con una severa crisis de representatividad, incluidos todos los partidos. Mientras la oposición pide unida un plebiscito y la convocatoria a una Asamblea Constituyente —en la que participen diferentes actores de la sociedad civil además del Parlamento— para modificar la actual Constitución de 1980, el presidente, Sebastián Piñera, hizo en medio de una noche extremadamente difícil como la de este martes, un llamamiento a un acuerdo por la paz entre los partidos, organizaciones sociales y ciudadanos.
“Los acuerdos que Chile necesita no pueden avanzar con la violencia e igual como no toleramos ninguna violación a los derechos humanos, tampoco toleramos ninguna impunidad ante delitos que reflejan tanta maldad y que han causado tanto daño”, indicó Piñera, que anunció querellas “contra todas aquellas personas que han incitado, promovido, fomentado o participado en la comisión de los graves delitos" vividos en esta jornada. El presidente, con una pérdida de credibilidad que lo ha dejado en torno al 15% de respaldo, hizo un llamamiento por su parte para alcanzar acuerdos por la justicia social y una nueva Constitución, a lo que se abrió su Gobierno el pasado fin de semana. Nunca antes la derecha se había avenido a reemplazar la Ley Fundamental heredada de la dictadura militar y la decisión del Ejecutivo en medio de la crisis fue considerada un hecho histórico: será la primera vez que el país tendrá una Constitución nacida de la discusión democrática.
El presidente se encuentra en una encrucijada: atrapado entre la necesidad urgente de restablecer el orden público y las decenas de acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En estos 27 días de protestas, unas 197 personas han sufrido daños oculares, especialmente por el disparo de escopetas de perdigones de los agentes.
La oposición está dividida después de la derrota electoral de 2017, no tiene un proyecto político común ni el control de la calle. Al igual que el Gobierno y el oficialismo, se encuentra desprestigiada ante la ciudadanía. Está compuesta por 14 partidos con múltiples concepciones. En el centroizquierda, la Democracia Cristiana mantiene fuertes diferencias con sus antiguos socios de la Concertación, que gobernó entre 1990 y 2010, agrupados en Convergencia Progresista: los socialistas, los radicales y el PPD. A la izquierda, Unidad para el Cambio, que reúne al PRO, los regionalistas y los comunistas (que formaron parte del último Gobierno de Michelle Bachelet en un conglomerado extinguido cuando finalizó esa Administración, la Nueva Mayoría). Luego, el Frente Amplio, la coalición de izquierda que mira a Podemos en España, nacida después de las protestas estudiantiles de 2011. Compuesta por siete partidos y movimientos, en las últimas elecciones logró 20 parlamentarios en el Congreso.
Pese a su variedad, sin embargo, la oposición logró acordar una declaración conjunta en la que ratifican su respaldo a un plebiscito y la convocatoria a una asamblea constituyente para modificar la actual Constitución de 1980. “Las y los ciudadanos movilizados en todo el territorio nacional han establecido, por la vía de los hechos, un proceso constituyente en todo el país”, indicaba el texto publicado este martes, en referencia a iniciativas como las de los alcaldes de diferentes ideologías, que realizarán en diciembre un plebiscito ciudadano para consultar a la ciudadanía si quiere una nueva Ley Fundamental. “Las fuerzas políticas tenemos el deber de hacer viable un plebiscito vinculante para el establecimiento de una nueva Carta Magna que rija los destinos del país”.
Los 14 partidos de la oposición cerraron la puerta al método que había sido propuesto por el Gobierno para el cambio constitucional: un congreso constituyente —con amplia participación y plebiscito ratificatorio, pero formada por parlamentarios— que no ha sido explicado por La Moneda. Según la oposición, el camino propuesto por el Ejecutivo “se aleja de la demanda popular por participación y deliberación”, por lo que proponen una asamblea constituyente, aunque hasta ahora solo se conozca el titular y ninguna fórmula específica. Fue una declaración que pareció dejar arrinconada a La Moneda en su hora de mayor dificultad, cuando se pensaba que Piñera optaría por devolver a los militares a la calle.
En Chile se viven horas de negociaciones contra reloj. La mayoría de los partidos de la oposición recogió el llamamiento a la paz del presidente y se producen diálogos entre los distintos sectores para intentar darle una salida institucional a la crisis. Como expresó el líder del Partido Radical, Carlos Maldonado, buscan llegar a un acuerdo con “la máxima urgencia” dada la complejidad actual: “Ojalá en las próximas 24 horas”, indicó el dirigente de centroizquierda.
Una salida intermedia sería la de una convención constitucional, propuesta por el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) en abril de 2017 para reformar la Ley Fundamental. Fue esa Administración la que llevó adelante un proceso de diálogo en el que participaron 204.000 personas y cuyas conclusiones se presentaron en un proyecto de nueva Constitución pocos días antes de dejar el poder. Su propuesta de convención constitucional habilita a un organismo distinto del Congreso para la discusión y redacción de una nueva Constitución, pero no entra en detalles sobre su composición ni tiempos de trabajo. Podría estar conformada por una mezcla entre delegados y parlamentarios, en un porcentaje acordado por los dirigentes políticos. Esta salida parece atractiva para diferentes sectores porque otorga legitimidad y, al mismo tiempo, otorga garantías como la permanencia de los quórum actuales para cambiar las leyes.
Pérdidas económicas
Mientras tanto, en estas casi cuatro semanas, el país está lejos de recuperar la normalidad. Los locales comerciales en diferentes zonas de Santiago tienen placas de acero para protegerse de los saqueos, que han generado pérdidas incuantificables para las pequeñas y medianas empresas. Algunos negocios han sido asaltados hasta tres veces seguidas. Las plazas públicas de municipios populares, como el de Maipú, en el poniente de la capital, se encuentran destruidos. Una casa histórica del centro de Santiago, donde se encontraba la universidad privada Pedro de Valdivia, fue quemada hace algunos días. Los bancos apenas abren una puerta pequeña para controlar los accesos. Las universidades públicas se encuentran paralizadas, como la Universidad de Chile, que no tiene actividades académicas desde el 18 de octubre. Los centros escolares funcionan con irregularidad, incluso los privados. El fútbol profesional se encuentra paralizado. La red de metro de Santiago de Chile —el orgullo del país, que trasladaba diariamente a 2,8 millones de personas— tardará meses en funcionar como antes del estallido social: de las 136 estaciones de la red de Metro, 118 presentan daño y 25 fueron completamente quemadas.
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