El curso judicial del Tribunal Supremo cuenta con grandes casos, pero el que vio este martes por la mañana constituye, por sus diversas implicaciones, un proceso histórico. Los jueces deberán pronunciarse sobre la legalidad de la decisión de la Administración Trump de cerrar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege contra la deportación y otorga permisos de trabajo a personas que llegaron ilegalmente al país siendo niños y han hecho de Estados Unidos su hogar. El futuro de cientos de miles de jóvenes, y los derechos que adquirieron y les sacaron de las sombras, está en juego.

El caso supone una nueva y crucial batalla en la cruzada del presidente Trump contra la inmigración. Y obligará a la más alta instancia judicial del país, además, a pronunciarse sobre los límites de los poderes presidenciales. La resolución, que se espera para el próximo verano, puede caer como un meteorito en la recta final de la campaña para la reelección de un presidente que ha convertido la mano dura con la inmigración en uno de los cimientos de su mandato.

El propio presidente calentaba la mañana con un tuit en el que defendía que “muchos de las personas bajo la DACA ya no son muy jóvenes y están lejos de ser ángeles”. “Algunos son criminales muy duros y reincidentes”, añadía Trump, ignorando que uno de los requisitos para acogerse al programa, introducido por la Administración del demócrata Barack Obama en 2012, es precisamente carecer de antecedentes penales.

Ante las escaleras de la corte, cientos de ciudadanos desafiaban al frío arropando a los dreamers, llegados de todo el país, que defendían pacíficamente su derecho a conservar su estatus legal y a perseguir sus sueños en el único hogar que han conocido. “Nuestra esperanza es que los jueces vean nuestra humanidad, nuestros valores y cómo hemos contribuido a este país, que es nuestro hogar”, decía ante las escaleras del Supremo la dreamer Eliana Fernández, una de las demandantes, llegada desde Nueva York.

En el interior del tribunal, en una sesión que se prolongó durante una hora y media, los jueces conservadores, dos de ellos nombrados por el presidente Trump y que se imponen por 5 a 4 a los de sensibilidad más progresista, ofrecieron indicios de que están dispuestos a apoyar al presidente en su deseo de poner fin al programa.

La DACA ofrece, a los dreamers que lo soliciten, protección contra la deportación y permiso de trabajo. Deben renovarlo cada dos años y no constituye un camino a la plena ciudadanía. A pesar de que Trump había expresado en el pasado simpatía hacia los dreamers, en 2017 decidió poner fin al programa. Pero lo hizo alegando un solo motivo: que Obama, como presidente, no tenía la competencia para ponerlo en marcha.

Dicha justificación, según defendió ante el Supremo el abogado Theodore Olson, permitía a la Administración eludir las consecuencias políticas de acabar con el programa, que goza de un abrumador apoyo en la sociedad, según todos los sondeos, y pasaba la patata caliente a la justicia. “La Administración no quiso hacerse dueña de la decisión”, dijo Olson.

Ese es el principal argumento de los abogados que representan a los dreamers. Alegan que, por motivos políticos, la Administración recurrió al argumento de la falta de autoridad, en vez de invocar la discrecionalidad política. Si hubiera declarado sencillamente que eliminaba el programa por razones políticas, la Administración habría hecho un uso rutinario de su discrecionalidad ejecutiva. Pero la ley establece que los jueces pueden revocar acciones de la Administración que sean “arbitrarias y caprichosas”. Al justificarla únicamente en un argumento legal, defienden los abogados de los dreamers, dicha decisión de la Administración Trump fue “arbitraria y caprichosa”, y el poner fin a un programa del que dependía el futuro de casi 800.000 personas constituyó un ejercicio ilegal del poder presidencial. Eso es lo que determinaron instancias judiciales inferiores. Pero las intervenciones este martes de los jueces conservadores parecen indicar que no tienen tan claro que sea así.

Varios de los jueces conservadores se mostraron escépticos con que el tribunal pueda revisar la decisión de la Administración de poner fin a la DACA. Incluso el presidente de la sala, el juez John Roberts, que sería decisivo en un hipotético empate, cuestionó que pudiera añadirse más razonamientos a los ya aportados por la Administración. Preguntado por el progresista juez Stephen Breyer sobre qué sentido tendría devolver la iniciativa a la administración, el abogado Michael Mongan aseguró que podrían no atreverse a eliminar la DACA como medida política: “No sabemos qué harían si se enfrentasen a una elección discrecional”.

Los jueces progresistas hicieron hincapié en el número de beneficiarios del programa, y en el daño que supondría su eliminación para negocios e instituciones que dependen de ellos. La juez Sonia Sotomayor pidió al abogado de la Administración que aclarara si habían tenido en cuenta todo el daño que causaría poner fin a la DACA y si era solo “una elección de destruir vidas”.

A la salida, el abogado Olson, defensor de los dreamers, insistió en que la Administración Trump dijo que la medida de Obama era ilegal “porque no quería adueñarse de la decisión de eliminarla y asumir las responsabilidades”. “Explicar sus motivos en un año electoral”, concluyó, “sería muy impopular”.

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