A mediados de octubre, el gobierno chileno anunció un aumento de tarifas del transporte público: el billete de metro aumentaría 30 pesos y costaría 830 pesos chilenos (poco más de un euro).

La nueva medida no fue bien recibida. Los primeros en protestar fueron los estudiantes, que convocaron manifestaciones y animaron a colarse en el metro como protesta. Poco a poco las manifestaciones se extendieron de la capital, Santiago de Chile, a otras ciudades.

El gobierno envió las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas, pero las revueltas fueron a más. Algunos manifestantes más violentos incendiaron estaciones de metro, saquearon comercios y se enfrentaron a la policía.

Para frenar las revueltas, el gobierno chileno hizo que el ejército interviniera y decretó el estado de emergencia en el país. En alguna regiones se impuso también el toque de queda, lo que obliga a encerrarse por la noche en casa y no poder salir a la calle sin un permiso oficial.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la suspensión de las nuevas tarifas y la sustitución de ocho ministros, pero estos cambios tampoco surtieron efecto. La gente reclama la dimisión de Piñera, un hombre de negocios multimillonario, y una reforma de la constitución.

Desde el inicio de las protestas, más de 20 personas han muerto, hay cientos de heridos y miles de detenidos. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la violencia y abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

Ante la magnitud de las movilizaciones, Piñera anunció que Chile renunciaba a ser la sede de la reunión anual de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) y de la COP25, la Cumbre de Naciones Unidas por el Clima que debía celebrarse en Santiago y finalmente tendrá lugar en Madrid.

Más allá del precio del transporte

Además de ser una medida impopular, la decisión del gobierno despertó la indignación de parte de la sociedad chilena afectada por la crisis económica.

La desigualdad es uno de los mayores problemas de Chile, donde hay una élite muy rica y una clase media que lucha por sobrevivir con sueldos bajos. Por eso los manifestantes reclaman cambios políticos, sociales y económicos de mayor profundidad.

El sistema económico de Chile tiene sus orígenes en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En 1973, e gobierno de Estados Unidos apoyó un golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende, que había nacionalizado algunas empresas privadas e impulsado medidas como la reforma agraria, que devolvía la propiedad de las tierras a los pequeños agricultores.

Pinochet impuso un modelo económico liberal que favorecía a las empresas privadas y las clases más altas, pero que dejaba las clases más desfavorecidas al descubierto. Se privatizaron servicios básicos como el abastecimiento de energía, la sanidad o la educación.

En las últimas décadas, diferentes gobiernos han hecho reformas para garantizar el acceso universal a estos servicios. Pero, aunque la pobreza se ha reducido, no ha sido suficiente. La clase media sigue teniendo sueldos demasiado bajos para poder cubrir todos los gastos: alimentación, alquiler, cuotas de la universidad, transporte…

Las cifras actuales indican que la economía chilena crece, pero esa riqueza se reparte de forma desigual y no llega a todas las capas de la sociedad. Por eso han estallado las protestas sociales, que se han alargado durante semanas.

lavanguardia

Etiquetas: Chile   protestas