El Tribunal Supremo de Brasil ha despejado el camino para la puesta en libertad del expresidente  Luiz Inácio Lula da Silva. El político ha afrontado, desde abril de 2018, un proceso en prisión tras haber sido condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, este jueves la Corte ha decidido que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales. De esta forma se modificará la jurisprudencia que determinaba el inicio del cumplimiento de penas a partir de una condena en segunda instancia que también beneficiará a 4.895 reclusos.

La votación en el Supremo terminó con seis votos a cinco y fue el presidente de la Corte, Antonio Dias Toffoli, quien emitió el sufragio decisivo. Esto supone una derrota de la operación Lava Jato, que hizo del ingreso en prisión antes de que las sentencias pasen en autoridad de cosa juzgada un símbolo contra la impunidad. El cambio de jurisprudencia, sin embargo, no significa que los casi 5.000 reclusos serán puestos en libertad porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva. 

Los magistrados de la Corte subrayaron que, sin embargo, la decisión no conducirá a la liberación automática de los detenidos, como el caso del Lula, de 74 años, ya que dependerá de los jueces de ejecución de cada caso aplicar el nuevo entendimiento después de la manifestación de la defensa y de la acusación. Los abogados del exmandatario aseguraron que solicitarán su liberación inmediata y reiteraron la solicitud para que la Corte juzgue una petición pendiente que pide la anulación de todo el proceso. Los seguidores de Lula le apoyaron a través de redes sociales con el hashtag #LulaLibreMañana, mientras que los fieles de su rival político, Jair Bolsonaro, se lamentaron. Da Silva cumple una pena de ocho años y 10 meses en prisión desde abril de 2018. 

Fueron necesarias cinco sesiones para que se pronunciara el fallo, cuyo resultado, después de que la magistrada Rosa Weber presentara su voto en la penúltima sesión, ya estaba más o menos decidido. Tanto es así que, cuando Roberto Barroso llegó al Tribunal Supremo y los periodistas le preguntaron sobre su expectativa ante la resolución, contestó: “Estoy a la espera de un milagro”. Por las declaraciones y manifestaciones de los otros diez jueces, se esperaba que cinco estarían a favor del castigo tras la condena en segunda instancia. Y los otros cinco estarían en contra. Pero, oficialmente, el voto clave le correspondía al presidente de la Corte, Dias Toffoli.

Votaron a favor de la necesidad del paso en autoridad de cosa juzgada: Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello y Dias Toffoli. En contra y, por lo tanto, a favor de la posibilidad de entrada en prisión tras una condena en segunda instancia, votaron: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux y Cármen Lúcia.

Este jueves le tocó nuevamente al decano, Celso de Mello, mandar un recado a quienes critican la Corte. Durante las últimas semanas han aumentado las quejas en las redes sociales de que el Supremo estaría comportándose con ligereza contra la corrupción y con los delincuentes de guante blanco al defender la necesidad de una sentencia firme previa al ingreso en prisión. “Esta Corte Suprema no juzga en función de la calidad de las personas ni de su condición económica, política, social o estamental o funcional”, afirmó. Y agregó: “Este juicio se refiere al examen de derecho fundamental que traduce una crucial conquista histórica de la ciudadanía ante el Estado. Siempre combatido, este derecho fundamental, por regímenes despóticos”.

Si Celso de Mello asumió el papel de defensor de la institución, el presidente de la Corte, Dias Toffoli quiso evitarse futuras críticas sobre una posible liberación del expresidente Lula: “No es este Tribunal Supremo Federal el que está decidiendo la posibilidad [de la puesta en libertad de Lula]. El propio equipo de Curitiba ya solicitó a la jueza local la progresión”.

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