El presidente peruano, Martín Vizcarra, disolvió el Parlamento el pasado 30 de septiembre y el presidente de este, Pedro Olaechea, presentó de seguido una demanda competencia ante el Tribunal Constitucional.

La demanda de la oposición exigía al Tribunal Constitucional que reabriera el Congreso y restituyera en sus escaños a los 130 legisladores afectados por la decisión de Vizcarra. También solicitaba suspender a Vizcarra como presidente y anular la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas para el próximo 26 de enero.

Ante la incertidumbre política que está teniendo efectos destructivos sobre la economía, el TC ha admitido la demanda (podrían no haberla aceptado viniendo de una institución disuelta), pero ha rechazado las medidas inmediatas solicitadas por la oposición. El TC debe pronunciarse en unas semanas sobre si Vizcarra violó o no la carta magna al dar tal paso, que fue, sin embargo, aplaudido por la ciudadanía.

“La admisión a trámite significa que [los magistrados del TC] van a debatir la controversia de si el 30 de septiembre fue golpe como dice el 'fujiaprismo' o uso legítimo de la Constitución como dice el Gobierno”, explica el analista Augusto Álvarez.

Según los analistas, la reapertura del Parlamento podría acabar con la salida de miles de peruanos a las calles para protestar, tal y como está ocurriendo en Chile y Bolivia, y como sucedió en Ecuador a comienzos de mes. Sin embargo, el rechazo de la petición por el TC habría sido gran triunfo para Vizcarra, un presidente con gran aceptación entre el pueblo.

Al respecto, el mandatario ha reclamado que respetará el fallo del TC, que mantiene en vilo a la clase política de Perú y amenaza con generar protestas como las ocurridas en los países vecinos.

El 84 % de los peruanos respalda la disolución de Congreso de República, frente a un 8 % que está en desacuerdo, además el 75 % defiende la convocatoria a elecciones parlamentarias y el 76 % considera que Martín Vizcarra es el presidente constitucional y un demócrata, según los sondeos.

El Congreso cerrado estaba controlado por el “fujiaprismo”, una alianza conformada por el partido de derecha populista de la encarcelada Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y el Apra, del difunto exmandatario socialdemócrata Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

HispanTV

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