"Lo que empezó como una protesta pacífica en la Asamblea Nacional por las reformas constitucionales, derivó en una manifestación con violencia tras lanzarse piedras, botellas y hasta se incendió una palmera", reportó el diario La Prensa.
El presidente del órgano Legislativo, Marcos Castillero, criticó la violencia desatada en las calles contra un paquete de reformas constitucionales, entre ellas el reciente veto al matrimonio entre personas del mismo sexo.
"Las reformas constitucionales no están escritas en piedra", alegó Castillero, quien aseguró que las puertas de la Asamblea están abiertas siempre y cuando prime el respeto y las manifestaciones pacíficas.
El titular parlamentario aseguró que si la marcha hubiera transcurrido en paz habrían abierto las puertas para que ingresaran al hemiciclo del palacio Justo Arosemena, sede del Legislativo istmeño.
El pleno de los diputados será reanudado el 30 de octubre a las 10:00 hora local (15:00 GMT), para la discusión del presupuesto general del Estado, mientras organizaciones sindicales y de la sociedad civil llaman a nuevas movilizaciones.
La Asamblea unicameral de mayoría oficialista condenó en un comunicado previo los atentados contra bienes y empleados del Estado, que achacó a "un grupo minoritario de violentos", y llamó a la "sensatez que siempre el pueblo panameño ha tenido".
Los ánimos se caldearon además por las declaraciones homófobas del diputado Jairo "Bolota" Salazar, quien aseguró que los manifestantes eran gais y por ello no se les permitía entrar a la Asamblea.
Las fuerzas antimotines dispersaron con gases pimienta y lacrimógenos a quienes rodearon el edificio e intentaron saltar su cerca perimetral, entre gritos de "No a las reformas", quema de neumáticos y lanzamientos de piedras, botellas y otros objetos.
El presidente Laurentino "Nito" Cortizo (Partido Revolucionario Democrático, socialdemócrata) presentó a la Asamblea en julio pasado un proyecto para reformar la Constitución vigente, que data de 1972.
La ciudadanía protestó contra las enmiendas de los diputados a la propuesta del Ejecutivo, alegando que dichas reformas propiciarían la privatización de la educación superior y favorecerían intereses alejados del bienestar de las mayorías.
La Asamblea aprobó el 23 de octubre un segundo paquete de reformas a la Constitución, en el cual retiró al menos un 80% de las modificaciones añadidas por los diputados a la propuesta enviada por el Ejecutivo y el Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo, integrado por representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y el académico.
Cortizo advirtió que si no eran aprobados los cambios que reclama el país en términos de institucionalidad y transparencia, convocaría una asamblea constituyente paralela, figura que afectaría principalmente a los diputados.
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