La Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona centralizó este martes una nueva jornada de protestas por la sentencia del procés. Los universitarios catalanes iniciaron un paro indefinido con un apoyo muy irregular y sin incidentes, excepto en la Pompeu Fabra. Un reducido grupo de estudiantes bloqueó los accesos a los campus y se vivieron escenas de tensión y forcejeos cuando otros alumnos intentaron entrar a clase. Los piquetes reclaman flexibilizar la evaluación para compatibilizar las clases con las protestas. Otras universidades lo aceptaron pero la Pompeu Fabra se resistía.

Los estudiantes volvieron este martes a tomar el mando de las movilizaciones e iniciaron una huelga indefinida contra el encarcelamiento de los líderes independentistas y para reclamar una evaluación única que facilite la actividad lectiva con la asistencia a las manifestaciones. El seguimiento flojeó en la mayoría de las universidades, excepto la Pompeu, donde un pequeño grupo de alumnos (unos 140 de los cerca de 14.000 que tiene la UPF bloqueó los accesos a los tres campus e impidió dar clase.

En el campus Ciutadella, un grupo de estudiantes a favor de la huelga ya pasó la noche del lunes encerrado. Durante la mañana de este martes, unos 70 alumnos mantenía bloqueado el acceso a los edificios docentes. Un grupo de estudiantes que querían asistir a clase cruzó la barrera de los piquetes para acceder al recinto y forcejeó, sin éxito, para intentar entrar en las facultades.

“Se están vulnerando nuestros derechos. A mí nadie me ha preguntado si quiero evaluación única o si quiero o no ir a clase”, protestaba Julia Hernández, de 18 años y estudiante de Filosofía, a las puertas de una de las facultades bloqueadas del campus Ciutadella. “No podemos mostrar normalidad cuando han condenado a nueve personas por ejercer un derecho fundamental”, defendía Zainab, de 17 años y estudiante de Criminología sobre la sentencia del procés. “La UPF debería haber previsto que los alumnos no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados aunque el claustro votase en contra de la evaluación única”, añadía.

Algunas universidades, como la de Girona, la de Barcelona o la Politécnica, ya han flexibilizado las evaluaciones, pero la Pompeu se resistía. Su claustro, el órgano más representativo de la comunidad educativa, votó en contra de la medida.

Los incidentes de este martes, no obstante, precipitaron un cambio de postura del equipo de gobierno. A mediodía, el rector, Jaume Casals, anunció que la UPF adaptaría la evaluación para garantizar el derecho de unos a manifestarse y el de los otros a asistir a clase. “Toda reivindicación académica respecto al sistema de evaluación será atendida y se estudiarán los casos para que no se vean vulnerados los derechos de los estudiantes. El estudiante que lo pida, será evaluado en una sola convocatoria”, explicó Casals. La UPF no aplicará la evaluación única de forma sistemática, sino que buscará alternativas para adaptar la evaluación a cada caso y según las particularidades de cada facultad. Tras debatir la propuesta del rector, los estudiantes terminaron el encierro a última hora de la tarde en los tres campus.

Enfrentamientos verbales
Otro de los centros donde este martes se focalizaron las protestas fue en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Un grupo de estudiantes durmió el lunes en el centro e impidió ayer el acceso a los alumnos y personal del centro. Durante la jornada, se produjeron enfrentamientos verbales entre los estudiantes que querían acceder a clase y los que lo impedían. La directora del campus negoció con los piquetes terminar el encierro y permitir dar clase con normalidad a cambio de flexibilizar más la evaluación.

Por otra parte, los colectivos Foro de Profesores y Universitarios por la Convivencia han enviado una carta abierta a los rectores de las universidades catalanas para expresar su rechazo por el posicionamiento público de los centros en contra de la sentencia del procés. “Los órganos de gobierno de nuestras universidades están conformados por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, que en modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas. Carecen, por tanto, de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan”, recoge la misiva. Según los firmantes, la carta ya cuenta con 800 adhesiones de profesores universitarios.

Sociedad Civil Catalana también anunció este martes que presentará ante la Fiscalía una denuncia contra la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, por presunto delito de odio y apología de la violencia tras las declaraciones en las que Paluzie sostenía que la violencia de las últimas semanas en Cataluña hacen visible el conflicto a nivel internacional.

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