"Presidente Sebastián Piñera ha firmado los decretos requeridos para que, a partir de las 00:00 de este lunes 28 de octubre, se levante el estado de emergencia en todas las regiones y comunas en que se había establecido", publicó la Secretaría de Prensa de Presidencia en su cuenta de la red social Twitter.

Piñera ya había anunciado el sábado que si la circunstancias lo permitían, su intención era levantar el estado de emergencia para sacar a los militares de las calles, luego de una masiva marcha en Santiago y de la confirmación de la muerte de cinco personas a manos de Fuerzas Armadas.

El viernes se realizó la que fue bautizada como "La Marcha Más Grande De Chile", cuya amplia convocatoria fue comentada y celebrada transversalmente por todos los sectores políticos, tanto por su masividad como por lo pacífica que fue.

Tras la explosión de las manifestaciones el pasado viernes 18 de octubre, el presidente anunció un paquete de medidas que incluyen un aumento en las pensiones de algunos grupos de jubilados, un aporte fiscal para garantizar un sueldo mínimo a algunos trabajadores, el alza de impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares al mes, entre otras medidas.

Sin embargo, desde la oposición política las medidas fueron consideradas "insuficientes", ya que aseguran que no cambian el modelo estructural del sistema.

Para la ciudadanía tampoco fueron suficientes las medidas ya que no dejó de manifestarse tras el anuncio.

Las primeras movilizaciones comenzaron el 14 de este mes en Chile debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, donde cientos de estudiantes y trabajadores saltaban por encima de los torniquetes de pago del tren subterráneo en las llamadas "evasiones masivas".

El 19 de octubre pasado, el presidente Piñera cedió y anunció que el pasaje no subiría de precio, pero con su anuncio las protestas no amainaron y al contrario tomaron un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y "cacerolazos" (salir a la calle en masa a golpear una cacerola).

Durante ese fin de semana surgió la consigna "no son 30 pesos, son 30 años", evidenciando que la gente se estaba manifestando ya no por el pasaje del Metro, sino por temas más de fondo, por injusticias que se arrastran hace 30 años desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que, según muchos chilenos, se han ido profundizando también en democracia.

A pesar de que lo novedoso de estas movilizaciones es que no tienen un listado taxativo de exigencias, ni dirigentes ni organizaciones que la lideren, en la calle se pueden escuchar algunas de las principales demandas de la ciudadanía.

Piden el fin al sistema de pensiones de vejez, administrado por empresas privadas llamadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), la rebaja de la jornada laboral que es de las más largas de la región, que se elimine el sistema de financiamiento bancario de las universidades, que deja a los estudiantes endeudados por décadas, protestan contra el alto precio de los medicamentos, entre otras.

La primera respuesta de Piñera ante las manifestaciones que se extendían fue decretar tres medidas represivas: la Ley de Seguridad del Estado, para acelerar los juicios contra los manifestantes, el Estado de Emergencia en casi todas las urbes importantes del país y toques de queda para impedir que la gente salga de sus hogares, medidas que aún no han sido levantadas.

El Estado de Emergencia es la medida que faculta al Gobierno a desplegar al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles, cuya presencia ha generado rechazo y una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha recibido una serie de denuncias sobre torturas, abusos de poder, golpes, y detenciones de parte de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.

Además reveló una denuncia de la existencia de un posible centro de torturas clandestino en la estación subterránea de Metro Baquedano en el centro de la capital, cuyos antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía para su investigación.

En total han fallecido 19 personas en el contexto de las protestas, según cifras del Gobierno de Chile, cinco de ellas provocadas por efectivos de las Fuerzas Armadas.

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