A una semana del mayor golpe que ha sufrido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, el presidente de México aún no ha dado explicaciones sobre el fracaso del operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, que atrapó a la ciudad de Culiacán en un fuego cruzado en mitad de la tarde del que, finalmente, el ejército tuvo que liberar al capo y retirarse. El mandatario se escuda una y otra vez en que la operación se abortó para evitar la pérdida de vidas humanas y acusa a sus adversarios políticos de “fascistoides” por no entender esa posición. Lo que se cuestiona, y aún no tiene respuesta, es por qué un operativo tan delicado resultó, como ha reconocido el Gobierno, “improvisado y fallido”, tanto que el presidente asegura que ni siquiera fue avisado del despliegue para capturar a Guzmán.

“Yo no estaba informado, le tengo mucha confianza al secretario de Defensa”, ha dicho López Obrador. Los vecinos de Culiacán, una ciudad de alrededor de 800.000 habitantes, pudieron ver las tanquetas de Defensa avanzar por las calles y el desfile del cartel haciéndoles frente con mayor potencia de fuego. Y cualquiera pudo seguir por las redes sociales las imágenes del tremendo tiroteo para, supuestamente, liberar al Ratón, del clan de los Guzmán. La furia del cartel de Sinaloa parecía adormecida desde la detención de El Chapo Guzmán, cuando el liderazgo de los grupos violentos quedó en entredicho.

El enfrentamiento del día 17 en la capital, Culiacán, acabó con 14 muertos, según la Secretaría de Seguridad Pública, cuatro de ellos víctimas circunstanciales, otros eran supuestos sicarios y algunos del ejército. Uno de los soldados, de 26 años, estaba siendo enterrado en Veracruz dos días después, justo cuando el presidente, con un collar de flores al cuello, hablaba de sus nuevas medidas políticas a la población indígena en Oaxaca. En ningún momento se trasladó a Culiacán, donde los habitantes masticaban el miedo encerrados durante horas en sus casas o allá donde les sorprendió el ruido de las metralletas.

El presidente se reúne cada mañana con su departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, se ha declarado ajeno al dispositivo militar preparado para capturar y extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán, donde le reclaman por tráfico de drogas. En las conferencias matutinas que han seguido al suceso se le preguntó si los secretarios [ministros] de Defensa y de Seguridad Ciudadana tenía conocimiento del operativo. “Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa desde luego, porque hay mandos, no sé en particular, creo que sí deben de haber tenido”, y mencionó un equipo que ha estado “trabajando tiempo atrás” con ese objetivo.

La policía ministerial, responsable de la orden de aprehensión de Ovidio Guzmán en su domicilio, “actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores”, reconoció al día siguiente el secretario de Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval. La operación bloqueó la ciudad, anuló la actividad del aeropuerto, propició la huida de medio centenar de presos, de los que 47 continúan prófugos. Y el olor a fuego, pólvora y cenizas persistía muchas horas después de que ardieran coches y camionetas en las calles.

Los comentaristas políticos han confrontado la ingenuidad del Gobierno con la fortaleza del cartel de Sinaloa, un verdadero ejército que se desplazó desde otras ciudades para rescatar al capo tomando rehenes entre los soldados. Las preguntas que surgieron entonces siguen hoy sin respuesta: por qué no intervino la Marina, tradicionalmente encargada de estas operaciones de calado, como la efectuada para apresar a Joaquín El Chapo Guzmán, que ahora cumple cadena perpetua en Nueva York. La Agencia Antidroga y otros cuerpos especializados estadounidenses suelen participar de forma conjunta en operaciones similares. No ha sido el caso en esta ocasión.

“De haberse preparado bien el operativo no estarían ante la disyuntiva de detener al capo o impedir una matanza. Lo ocurrido en Culiacán debe servir de lección para diseñar medidas de seguridad coordinadas, sin improvisaciones; hay que tener en cuenta que se trabaja con recursos humanos que son valiosos y deben sentirse protegidos. Por tanto, solo los mejores y más capaces deben ocupar los cargos”, recomienda la experta en Seguridad y Migración Eunice Rendón. 

 Soberanía herida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a López Obrador, pero este no pudo contestarle porque estaban en zonas indígenas de Oaxaca sin cobertura telefónica, como informó, con una sonrisa, al público congregado para escucharle. Posteriormente pudo agradecerle la llamada: “Sobre todo por el respeto a nuestra soberanía. Estos asuntos, por delicados que sean, los tienen que resolver de manera soberana, independiente, los mexicanos", añadió. "Como respetamos la soberanía de otros pueblos, queremos que se respete la de nuestra patria".

Pero la soberanía puede contarse entre los heridos de esta batalla. Los culiacanenses, que muchas horas después del tiroteo aún estaban conmocionados, recibieron con displicencia a los 6.000 militares enviados para restablecer la tranquilidad. “Creo que el Gobierno no ha dimensionado la quiebra institucional que este fracaso puede tener entre las fuerzas armadas y la inteligencia del Estado, que se preguntarán quiénes son los responsables y en manos de quién están sus vidas. El presidente se saltó a una generación para nombrar al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, porque era hombre de su confianza y garante de la limpieza en el Ejército”, recuerda Fernanda Salazar, especialista en Comunicación Política.

A su juicio, López Obrador es “un buen comunicador” que ha optado por la estrategia de contrastar su política de paz con la de gobiernos anteriores, “que trataban como cifras a las víctimas de estos tiroteos o directamente las criminalizaban por cruzarse entre fuegos enemigos”. “Bien, hay un cambio en la narrativa y en la política, pero no se responde a las preguntas clave: quiénes fueron los responsables [de la operación fallida]. Hay que rendir cuentas y este país no está acostumbrado, nadie renuncia. Las estrategias no cambian la realidad y la gente se preguntará pronto por la consistencia de ese discurso”, añade Salazar.

En efecto, coincide Eunice Rendón, el Gobierno debe definir su estrategia de seguridad. López Obrador dijo este mismo miércoles que entre atrapar a delincuentes famosos y la seguridad nacional, él le dedicará "más tiempo a la seguridad pública". Eunice Rendón recuerda que este Gobierno siempre ha dicho que "atrapar grandes capos no sería el centro de su política, como fue en otros gobiernos, porque en la práctica eso no ha reducido la violencia. Pero ¿qué pasa con la prevención?". Para este capítulo se prometieron 100.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) para fomentar el empleo y las becas escolares entre jóvenes. "Pero aún desconocemos la política integral sobre prevención, apenas tenemos unos detalles, y hemos de llegar a la base social, plantearse cómo quitarles recursos humanos al crimen, interviniendo allí donde está carne de cañón de la violencia. Y, por otro lado, cuidar la confianza que la gente ha depositado en los cuerpos de seguridad”.

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