El Senado de Brasil aprobó este martes tras meses de debates la polémica reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, con la que se pretende sanear las cuentas públicas.

La votación resultó favorable a la modificación del esquema de pensiones por 60 a 19. 

Además del texto base, los congresistas deberán definir sobre cuatro modificaciones, propuestas por los espacios opositores, al texto base promovido por el Gobierno.

Al tratarse de una enmienda a la Constitución (PEC), el proyecto tuvo que pasar por una Comisión Especial Parlamentaria, dos veces por la Cámara de Diputados y otra votación doble en el Senado por mayoría de tres quintos (49 de los 81 senadores). 

La reforma prevé un ahorro de 800.000 millones de reales (casi 200.000 millones de dólares) en los próximos 10 años. Para alcanzar ese objetivo, el nuevo sistema establece una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 años para los hombres, que hayan cotizado 30 y 35 años, respectivamente.

Hasta ahora, en el sector privado las mujeres podían jubilarse con 30 años de cotización y los hombres con 35, independientemente de su edad. 

Por su parte, el analista político Carlos Alberto Almeida puso el acento en el fuerte impacto que la reforma tendrá para los trabajadores. "Es un cambio muy importante, porque hay mucha disminución en el pago de beneficios a los trabajadores, un impacto muy duro, socialmente, para estas personas", afirmó.

Según este experto, los trabajadores que optaban a presentarse a una 'jubilación especial', como los mineros, ahora tendrán que trabajar unos 15-20 años más para tener derecho a la pensión.

El tiempo mínimo de contribución a la hora de alcanzar la pensión parcial será de 15 años para las mujeres y 20 años para los hombres en el sector privado, mientras que para que los funcionarios y funcionarias públicas será de 25 años. 

Por otro lado, se establece una edad mínima de entre 55 y 60 años de jubilación para los profesores, trabajadores rurales y algunas de las categorías dentro de la policía. Además, excluye a los regímenes de jubilaciones de Estados y municipios, que deberán crear su propia legislación. 

La aprobación del proyecto, elaborado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, un 'Chicago Boy' defensor del neoliberalismo ortodoxo, ha sido primordial para el Gobierno de Bolsonaro desde el inicio de su gestión.

Sindicatos y sectores de izquierda se han manifestado varias veces este año contra el proyecto al considerar que aumentará la desigualdad. Ante esta oposición, el Gobierno tuvo que descartar la idea de incluir el sistema de capitalización individual, que consiste en que los contribuyentes se financian su propia jubilación realizando aportes en entidades privadas. 

Con ello, la administración pretendía sustituir al actual régimen de reparto, en el que las personas activas pagan las pensiones de los jubilados.

Una victoria para Bolsonaro
Además de la compleja reforma de pensiones, desde que asumió el poder el pasado 1 de enero, Bolsonaro, y su ministro de Economía, Paulo Guedes, consideraron que para lograr el crecimiento del país era necesario un paquete de medidas que incluyese también un fuerte plan de privatizaciones y una "simplificación" tributaria.

Las proyecciones del gigante latinoamericano, que cuenta con 12,6 millones de parados, son de un crecimiento de 0,8% para 2019, una cifra bastante más baja que el 2,5% que se calculaba a principios del año.

La aprobación de la reforma, junto a la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur (ahora en la cuerda floja), supone una victoria para Bolsonaro, que se encuentra actualmente en una gira internacional por Asia y Oriente Medio.

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