La clase política chilena enfrenta uno de los mayores desafíos desde la vuelta de la democracia en 1990 tras el estallido social del pasado jueves, desencadenado por el aumento del precio del metro y alimentado por un más amplio malestar social. En estos días de emergencia, mientras las autoridades intentan dar ciertas señales de unidad para calmar la crisis, no se detiene la protesta, ni la pacífica ni la violenta. Al menos 13 personas han muerto desde que comenzaran los altercados violentos en el país sudamericano. Además, el principal sindicato chileno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto a otras organizaciones ha convocado una huelga general para este miércoles.

La protesta se ha extendido a diferentes ciudades de Chile y tiene a la capital bajo el control militar y con toque de queda, como en seis otras regiones del país. Las clases de escolares y universitarios se mantienen suspendidas en buena parte de Santiago. El dólar se disparó y la bolsa se desplomó un 4,6%. El metro, que transporta diariamente a 2,8 millones de personas, sigue suspendido, salvo la línea 1, que opera parcialmente. Al menos 1.333 personas han sido detenidas y 88 heridas con armas de fuego, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El domingo, cuando los tres poderes del Estado se reunían en La Moneda para intentar buscar juntos una salida al conflicto, las movilizaciones callejeras continuaban y los manifestantes parecían inmunes a los intentos de sus dirigentes.

El desafío para la clase política es mayúsculo en un país donde vota el 49% de los ciudadanos y las instituciones democráticas como el Gobierno, el Congreso y los partidos tienen una mínima valoración. En el Congreso, con mayoría opositora, los parlamentarios de la Cámara de Diputados aprobaron este lunes el proyecto de ley para suspender el alza de las tarifas de metro, anunciado por el presidente Sebastián Piñera la víspera. El Senado lo ha hecho esta tarde. Pero aparte de esta medida, La Moneda no ha anunciado una agenda concreta que pueda ayudar a parar el conflicto, al menos en parte. No han contribuido a la calma y a una salida política las declaraciones del mandatario, que no se ha enfocado en el malestar de sus compatriotas que hizo estallar el conflicto que en los hechos vandálicos: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, indicó sobre los violentos que han destruido buena parte de la red de metro de Santiago, saqueado supermercados y locales comerciales o incendiado decenas de autobuses, instalando un estado de caos en diferentes lugares del país.

Junto con anunciar que este martes se reunirá con los presidentes de todos los partidos políticos para "para explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social" para que "la clase media y los más vulnerables puedan tener una vida mejor", hizo un llamamiento a la unidad: "En las circunstancias que estamos viviendo no hay caminos hacia la unidad, la unidad es el camino para encontrar soluciones a los problemas y desafíos que enfrentamos", indicó Piñera. El presidente, como en los días previos, centró su discurso en el orden público y, aunque este es fundamental para reestablecer la normalidad, sigue sin ser suficiente para la profundidad de los asuntos que reclama la sociedad chilena.

La expresidenta de Chile y alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo este lunes un llamamiento a Piñera: “Exhorto al Gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, indicó la socialista, que gobernó el país entre 2006 y 2010 y luego entre 2014 y 2018. “El uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación”.

Pero tampoco los recientes Gobiernos de centroizquierda han podido apaciguar el malestar de la sociedad que se incuba desde hace años y, como Piñera, apenas resultan electos pierden poco a poco la popularidad y los respaldos, como le sucedió a la propia Bachelet, especialmente en su segundo mandato. El desasosiego social que se ha expresado al menos desde 2006, cuando estallaron las primeras protestas de los estudiantes, no ha podido ser canalizado hasta ahora por ninguna fuerza política con representación en el Congreso. Tampoco por el Frente Amplio de izquierda, cuyos principales líderes fueron los dirigentes estudiantiles que encabezaron las movilizaciones en 2011.

De acuerdo al presidente del Senado, Jaime Quintana —la segunda autoridad política del país— “a la oposición le ha costado encontrar una mirada común” en los primeros días de revueltas. De partida, explica, porque no hubo acuerdo sobre la decisión del presidente de entregar el control de las ciudades a los militares: “Este lunes, existe claridad dentro de la centroizquierda de que no se le puede poner como condición al Gobierno para dialogar que se deponga el estado de emergencia”, indica Quintana, del partido opositor PPD. El senador asegura que la inmensa mayoría de los chilenos quiere retornar a la normalidad, pese a los reclamos por las inequidades, por lo que todos los grupos políticos deben unirse: “Categóricamente, como oposición no buscamos desestabilizar al Gobierno de Piñera, que debe urgentemente dejarse apoyar y anunciar una agenda social que incluya beneficios inmediatos”.

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