La representación de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, llamó las autoridades mexicanas a "revisar la legislación civil de protección al derecho al honor y reputación en línea con los estándares internacionales".

La "preocupación" surge por la sentencia judicial contra el académico, defensor de derechos humanos y columnista Sergio Aguayo, condenado a pagar esa enorme suma de dinero "por daño moral al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira" (2005-2011).

El representante permanente de Acnudh, Jan Jarab, exhortó a las autoridades mexicanas a realizar las reformas necesarias para "garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión no sea objeto de censura".

Esta sentencia se suma a una creciente lista de demandas y condenas por daños al honor y reputación, "promovidas en contra de voces críticas", reseña el organismo.

"Los estándares internacionales son claros y determinan que los procedimientos civiles deben incluir criterios que impidan que la protección al honor y reputación (…) se vuelva una herramienta de censura a quienes investigan e informan sobre las conductas de servidores públicos", indicó Jarab.
La sentencia puede "afectar seriamente la libertad de expresión en México", en particular por el monto "exorbitante" que el tribunal impone pagar a un académico y periodista, dijo el representante de Bachelet.

Asimismo, la reacción cautelosa de la prensa ante esta sentencia "puede ser una muestra de este efecto intimidatorio", comentó el funcionario internacional.

La sentencia fue emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 10 de octubre de este año 2019.

Uno de los motivos por la demanda fue la afirmación de Aguayo en una columna, de que el exgobernador de Coahuila era responsable, "por lo menos por omisión", de graves violaciones de derechos humanos perpetradas bajo su gestión.

"Esto puede tener un efecto silenciador para futuros señalamientos sobre la actuación de funcionarios públicos que pudieran tener responsabilidades en relación con violaciones de derechos humanos, debilitando la rendición de cuentas", señaló el representante de Bachelet.

La llamada 'protección del honor' de destacadas personalidades "contrasta con la falta de respeto hacia la presunción de inocencia en general", comparó el posicionamiento de Acnudh-México.

Las autoridades mexicanas violan la presunción de inocencia cuando "hacen afirmaciones que estigmatizan o criminalizan a personas que no pertenecen a la elite, incluidas a las propias víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos", destacó Jarab.

Tras su visita a México en 2017, los relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión plantearon su preocupación por que "varios periodistas en el país han enfrentado demandas infundadas que exigían el pago de cifras exorbitantes" por supuestos daños originados por contenidos que publicaron.

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