Las protestas empezaron después de que el Tribunal Supremo de España condenara a los 12 líderes independentistas catalanes por haber cometido los delitos de sedición, malversación y desobediencia.
En 2017 el proceso independentista catalán llevó a un referéndum unilateral y a la posterior adopción por el Parlamento catalán de una declaración de independencia que finalmente no fue implementada.
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