Este miércoles el Tribunal Constitucional de España ha advertido al presidente catalán, Quim Torra, y al resto de miembros de su Gobierno, de que podría incurrir en responsabilidades penales, en concreto en un delito de desobediencia, si no acatan la suspensión decretada por este mismo órgano de los acuerdos del Parlamento catalán sobre el derecho de autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil adoptados el pasado 26 de septiembre.
El Constitucional ha emitido dos providencias en las que ha admitido por unanimidad los dos incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno español del presidente en funciones Pedro Sánchez contra los acuerdos de la Cámara catalana.
Así, el máximo órgano judicial del país se pronuncia sobre determinados puntos de la Resolución aprobada por el Hemiciclo catalán sobre "la orientación política general del Govern" y advierte al Ejecutivo catalán de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir la suspensión acordada.
Hace tan solo dos semanas, el 2 de octubre, el Tribunal Constitucional, también por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de otra Resolución del Parlamento catalán. En esa ocasión se refería a una disposición adoptada en marzo en la que se aprobaba la creación de una Comisión de Investigación sobre la Monarquía.
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