"¿Qué la sentencia no iba a resolver el conflicto? Naturalmente que no. Las sentencias no están hechas para resolver conflictos políticos, sino para tipificar penalmente hechos concretos", dijo Borrell en un encuentro con corresponsales extranjeros.
Por eso, de cara al futuro, Borrell aboga por afrontar la situación con el establecimiento de mecanismos de "diálogo en el marco de la Constitución".

"No hay otra vía en un país democrático", insistió.

En ese sentido, el canciller español criticó la actitud del presidente catalán, Quim Torra, al entender que sus declaraciones de las últimas horas se desvían de esa senda de diálogo.

En concreto, Borrell lamentó que Torra calificara la sentencia del Tribunal Supremo como una decisión que condena a todos los catalanes.

"Es triste y dramático ver cómo se utiliza el término "los catalanes" para referirse sólo a aquella parte de la población catalana que está a favor de las tesis independentistas. Cuando el señor Torra hace eso habla realmente de la mitad de la población o incluso menos. Esa es la raíz de problema: la división que se crea cuando una parte de la sociedad excluye a otra", señaló.

El responsable de la diplomacia española también criticó la decisión del presidente catalán de alentar las manifestaciones independentistas de este 14 de octubre, sobre todo cuando una de ellas tenía por objetivo colapsar una estructura crítica como el Aeropuerto del Prat de Barcelona.

En ese sentido, Borrell instó a Torra a actuar con responsabilidad, recordándole que es el responsable último del orden público en Cataluña.

"Hay una dualidad ahí: por un lado anima a los manifestantes y por otro envía a los Mossos d"Esquadra para contrarrestar la protesta", señaló Borrell.

Pese a los desórdenes públicos acontecidos durante la jornada del 14 de octubre en toda Cataluña y especialmente en Barcelona, el Gobierno español mantiene su confianza en la labor de la policía catalana para mantener el control de la situación.

"El Gobierno central dejará a la Policía catalana hacer su papel", apuntó el ministro, antes de apostillar que, si la situación se deteriora, los cuerpos de ámbito estatal como la Policía Nacional o la Guardia Civil actuarán para "ayudar" a las autoridades locales.

El Tribunal Supremo de España emitió este 14 de octubre su fallo contra los 12 líderes políticos y civiles del independentismo catalán sometidos a juicio por impulsar el proceso que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña.

La mayor de las penas recayó sobre Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de sedición en concurso medial con otro de malversación agravada.

Del mismo modo, fueron condenados por sedición con penas de 9 a 12 años de prisión e inhabilitación otros cinco antiguos integrantes del Gobierno catalán, además de la expresidenta del Parlamento de Cataluña, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En un tercer escalón se situaron tres exintegrantes del Gobierno catalán, condenados a una multa de 200 euros diarios durante 10 meses por un delito de desobediencia.

Las penas establecidas por el Tribunal Supremo suman un total de 99 años y 6 meses de cárcel.

El Gobierno de España afirmó que vigilará el cumplimiento de la sentencia y manifestó su deseo de que, en el plano político, el fallo sirva para abrir una nueva etapa de diálogo.

Por su parte, el Gobierno catalán manifestó su rechazo a la sentencia bajo la premisa de que no se dirige únicamente contra los 12 enjuiciados, sino que supone un castigo contra todo el movimiento independentista. Sputnik

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