"Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua", señala el comunicado oficial.
Las restricciones incluirían la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes. Las personas físicas y las entidades del bloque comunitario tendrán prohibido además poner fondos a disposición de los incluidos en la lista.
El Consejo señala que "la situación general de los derechos humanos y la gobernanza democrática sigue siendo altamente preocupante" en Nicaragua, y que las medidas tomadas hasta ahora para la reconciliación, como la amnistía de junio pasado, "no respetan los principios internacionales pertinentes".
El marco adoptado, según el Consejo, permite aplicar un enfoque flexible, añadiendo designaciones específicas en caso de deterioro y revocándolas en caso de un avance positivo.
El comunicado insta a todas las partes en Nicaragua a "reanudar de forma constructiva un diálogo nacional eficaz, amplio y centrado en los resultados, en particular sobre la adopción de reformas electorales de conformidad con las normas internacionales, como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas", y reafirma que la UE está dispuesta a ofrecer su apoyo si las partes lo solicitan.
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