Aún no se sabe cuánto costará el nuevo submarino español, rebautizado como S-81 Plus, pero sí se conoce cuál será el coste de su retraso, provocado por sus defectos de diseño (entre otros, un sobrepeso de 75 toneladas): unos 130 millones de euros. Ese es el precio de someter a una profunda revisión a los tres submarinos todavía en servicio para prolongar su vida operativa hasta que lleguen sus sustitutos. A punto de concluir la gran carena del Tramontana (S-74), por 43 millones, la Armada planea ya repetir la operación con el S-71 y el S-73.

El submarino es un “arma estratégica” —en palabras del jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime Muñoz Delgado— que España no debe perder. De los ocho sumergibles que tenía en los años ochenta, ya sólo quedan tres, lo que ha obligado a declinar algunas peticiones de la OTAN.

Pero el retraso de la nueva serie S-80 —inicialmente estaba previsto que el primero, el Isaac Peral, se entregase en 2012 y ahora se apunta a 2018 o 2020— amenaza con dejarlos en dique seco. Y ello no solo implica perder una capacidad tecnológica y militar, sino también el adiestramiento de las tripulaciones, que cuesta todavía más recuperar.

Para que puedan seguir navegando en condiciones de seguridad, deben someterse a una exhaustiva revisión, denominada gran carena, que se prolonga durante 18 meses e implica desmontarlos por completo.

La Armada contrató el año pasado con el astillero público Navantia una gran carena no prevista del Tramontana por 42,9 millones de euros, a punto de concluir, y ya planea repetir la operación con el Galerna (S-71) y el Mistral (S-73) en 2017 y 2018.

Cuatro carenas

Normalmente se realizan cuatro grandes carenas a lo largo de la vida de un submarino, pero la Armada se propone hacer una quinta antes de darlos de baja. Estas obras permitirían prolongar sus tres décadas de servicio en cuatro o cinco años más, lo que serviría de puente hasta la llegada de los nuevos S-80, aunque no está garantizado.

A principios de este mes, Navantia concluyó el casco resistente del S-81 Plus, así llamado porque hubo que alargarlo para compensar el sobrepeso, tras realizar un completo rediseño para el que se contrató a la firma estadounidense Electric Boat, por 14 millones. Pero hasta este verano no está previsto que se realice la denominada Critical Design Review (CDR), que permitirá certificar definitivamente el diseño del submarino. Defensa ha ordenado a Navantia que aparque los trabajos de construcción de los otros tres sumergibles y se centre en la primera unidad, el S-81 Plus. Solo entonces se podrá fijar el número de unidades, el coste final del programa y el calendario de entregas. Y eso obligará a modificar la actual orden de ejecución, equivalente al contrato.

El sobrepeso es el problema más aparatoso del nuevo submarino, pero no el único. La integración de un sistema de propulsión AIP (independiente del aire) también ha generado múltiples complicaciones, pero la Armada se resiste a renunciar al mismo, porque un submarino con motor diésel-eléctrico convencional nacería ya obsoleto. Aunque Defensa mantiene formalmente el presupuesto inicial del programa S-80 (2.135 millones de euros), los expertos dan por sentado que este dinero sólo llegará para el primer submarino y habrá que buscar más fondos (aunque no sean tan caros, una vez certificado el diseño) para los restantes.

El mayor fiasco de la industria militar española no ha sido objeto de un debate monográfico en el Parlamento ni de exigencia de responsabilidades. En su último comunicado sobre el S-80, el pasado 16 de abril, Defensa deslizaba sutilmente la responsabilidad hacia el Gobierno del PSOE, al atribuir los “graves retrasos” del proyecto a su “alta componente tecnológica” y a la “falta de un socio tecnológico de referencia”. Fue en 2010 cuando Navantia rompió su colaboración con la firma francesa DCNS, convencida de que no la necesitaba para diseñar un submarino de nuevo cuño.

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