Según una gráfica entregada por el Ministerio de Gobierno, la mayoría de las detenciones se dieron en el Distrito Metropolitano de Quito, con 183 arrestos, seguidos del Distrito Metropolitano de Quayaquil, con 176, ciudad a la que el presidente trasladó la sede de Gobierno el 5 de octubre en medio de violentas manifestaciones en la capital.
De acuerdo a datos de Fiscalía, 222 manifestantes fueron procesados; de ese total 107 procesamientos se dieron en la provincia de Guayas (oeste) con cargos como paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, ataque o resistencia, robo, porte de armas, violación a la propiedad privada, entre otros.
Más temprano el 10 de octubre, el secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, confirmó la muerte de dos personas, pero las comunidades indígenas dijeron que cuatro de sus miembros perdieron la vida.
El 1 de octubre, Moreno anunció una serie de medidas económicas que generaron profundo rechazo en varios sectores de la sociedad.
Las medidas más resistidas fueron la eliminación de subsidios por 1.300 millones de dólares al combustible y reformas laborales que afectan a los empleados públicos.
Tras el anuncio de las medidas, transportistas convocaron un paro general que levantaron luego de dos días en los que negociaron con el Gobierno subas a los servicios de transporte de cargas y pasajeros.
Pero las movilizaciones continuaron lideradas por otros sectores afectados, como las comunidades indígenas.
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