El temor a que el Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS) gane poder en las elecciones parlamentarias del domingo y consolide la deriva autoritaria iniciada hace cuatro años no ha calado entre gran parte del electorado. El partido encabeza todas las encuestas de intención de voto, con un apoyo que oscila entre el 39% y el 46%, avalado por el crecimiento económico del país y una popular política de subsidios a las familias. Pocas son las opciones de una oposición que ha unido fuerzas en torno a dos grandes bloques, la centroderechista Coalición Cívica y la izquierdista Lewica.

Tras una legislatura de enfrentamiento abierto con Bruselas por iniciativas como la reforma del Tribunal Supremo —que la UE consideraba contraria al Estado de derecho por socavar la independencia judicial y logró paralizar—, la inmigración o las políticas medioambientales, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, encara la campaña con un discurso centrado en la economía doméstica y nuevas promesas de gasto público. El Gobierno presentó a finales de agosto el primer presupuesto equilibrado desde la caída del comunismo hace 30 años y presumió de haber reducido el déficit, un logro que ha sido cuestionado desde algunas alcaldías, que denuncian que este ha pasado a manos de los Ejecutivos locales. Empujado también por los fondos recibidos tras su entrada en la Unión en 2004, Polonia ha crecido en los últimos años por encima del 3%, es la sexta economía de Europa y ha basado su expansión en las exportaciones, con una moneda nacional competitiva (el zloty) frente al euro.

Desde su entrada en el Gobierno con mayoría absoluta hace cuatro años, el PiS aumentó el gasto social destinado a las familias, con medidas como el subsidio de 100 euros al mes por cada hijo hasta los 18 años. A dos meses de las elecciones, el Parlamento aprobó la exención del impuesto sobre la renta a los menores de 26 años con ingresos por debajo de los 21.300 euros —en la práctica, la mayoría— y en esta campaña, el partido continúa comprometiendo inversión pública con el anuncio de pagas extra a los pensionistas o un incremento del presupuesto en salud. La propuesta estrella, revelada por el líder e ideólogo del partido, el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski, es la subida del salario mínimo, desde los 2.250 zlotys (unos 520 euros) hasta los 4.000 (925 euros) de forma progresiva de aquí a 2023.

Con toda esta oferta sobre la mesa, ni las amenazas al Estado de derecho polaco ni los escándalos de corrupción afectan al Gobierno. En agosto, Marek Kuchcinski, entonces presidente de la Cámara de Diputados, dimitió tras conocerse que había utilizado aviones del Ejecutivo para realizar desplazamientos privados. Unos días después, el viceministro de Justicia, Lukasz Piebiak, hizo lo propio cuando salió a la luz que estaba detrás de una campaña de desprestigio contra los magistrados más críticos con la reforma del sistema judicial, que incluía la publicación de informaciones falsas en redes sociales.

“El ciudadano medio se ha beneficiado mucho del período de Ley y Justicia en el Gobierno”, señala Jacek Kucharczyk, presidente del Instituto de Asuntos Públicos, un think tank de Polonia. “Se puede resumir en que nunca lo tuvimos tan bien en términos de economía y prosperidad, esa es la narrativa que propone el Gobierno”. El PiS se ha erigido también como el garante de los considerados “valores nacionales polacos”, convirtiendo en enemigos a quienes no comulgan con ellos. El ultracatólico Kaczynski —cuyo partido cuenta con el total respaldo de la Iglesia católica—, sostiene que “es el único que puede defender Polonia de lo que ellos llaman las ideologías peligrosas que emanan de occidente, como los derechos LGTB, o de la mujer”, señala Kucharczyk.

En las últimas tres décadas, desde la caída del comunismo en 1989, el país ha vivido profundas transformaciones. El proceso de modernización de la economía y la democracia culminaron en 1999 con la integración de Polonia en la OTAN y, en 2004, con la entrada en la UE. Pero los cuatro últimos años han supuesto un giro que en más de una ocasión ha provocado la protesta de la UE. La consolidación del poder del PiS en las elecciones legislativas amenaza con empeorar esta situación, de la misma forma que el aumento de la mayoría parlamentaria en Hungría por parte de Viktor Orbán le permitió tomar medidas más radicales en su deriva autoritaria para desarrollar, como la llama el primer ministro húngaro, una “democracia iliberal”.

Mientras, la oposición polaca no suma los apoyos necesarios para frenar al PiS, que arrasa en las zonas rurales del país, según los sondeos. Coalición Cívica, liderada por Plataforma Cívica (PO), y que se presenta en estos comicios junto a Los Verdes o a la liberal Nowoczesna, obtendría entre un 23% y un 30% de los votos. La elección de su candidata a primera ministra, Malgorzata Kidawa-Blonska, una política con más de 20 años en activo, supuso una sorpresa y tiene como objetivo movilizar a un electorado desencantado con el líder de PO, Grzegorz Schetyna. Su rostro con el lema “El mañana puede ser mejor” empapela los autobuses de la fría Varsovia, donde los carteles del PiS, que pierde tradicionalmente en la capital, son más discretos y en ningún caso muestran al primer ministro, que se presenta por otra circunscripción.

Los sondeos sitúan en tercer lugar a la izquierdista Lewica, que incluye a los excomunistas de Alianza Democrática de Izquierda (SLD), el partido anticlerical y prohomosexuales Wiosna (Primavera) —que en las elecciones europeas se convirtió en tercera fuerza—, y Razem (Juntos). La coalición podría conseguir entre el 10% y el 14% de los votos. En cuarto y quinto puesto aparecen la alianza del PSL/Kukiz'15 —el partido campesino aliado con un antisistema creado por un antiguo cantante de rock— y la ultraderechista Konfederacja (Confederación), ambos con posibilidades de obtener escaños.

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