El trabajo de AI pone de manifiesto juicios injustos, ahorcamientos secretos, el uso de la tortura y otros malos tratos para obtener "confesiones", el acceso inadecuado a asistencia letrada, un sistema opaco de indultos y otras "violaciones graves" del derecho a un juicio justo que ponen a personas en peligro de ejecución.

"Nuestra investigación reveló un patrón de juicios injustos y ahorcamientos secretos que habla por sí solo. Desde denuncias de tortura y otros malos tratos hasta un proceso de indultos opaco, es evidente que la pena de muerte representa una mancha en el sistema de justicia penal malasio", ha indicado la directora ejecutiva de AI Malasia, Shamini Darshni Kaliemuthu.

En concreto, la pena de muerte sigue en vigor en Malasia para castigar 33 delitos, y es preceptiva para 12 de ellos. "En los últimos años se ha usado principalmente en condenas por asesinato y tráfico de drogas", ha incidido el organismo.

Hace un año, el Gobierno recién elegido de Malasia anunció que revocaría la pena de muerte para todos los delitos después de la suspensión de las ejecuciones que se había declarado en julio de 2018.

Sin embargo, en una sesión parlamentaria que comienza este mes, está previsto que el Gobierno presente una legislación que eliminaría únicamente la pena de muerte preceptiva, y sólo para 11 delitos. Esto "dista mucho de la abolición absoluta", ha criticado AI.

OPORTUNIDAD "DE ORO"
En este contexto, Amnistía ha pedido a las autoridades malasias que se mantenga la suspensión de las ejecuciones hasta que la pena de muerte se abola completamente y que se utilice la legislación anunciada para revocar la pena de muerte preceptiva para todos los delitos, incluido el tráfico de drogas.

"Malasia tiene una oportunidad de oro para romper con décadas de crueldad e injusticia, infligidas de manera desproporcionada a algunas de las personas más marginadas", ha asegurado Kaliemuthu.

Según Amnistía Internacional, abogados y familiares de condenados les han trasladado que era "habitual" que las personas acusadas que no podían costearse la asistencia letrada continuaran sin ella hasta que se presentaban los cargos ante un tribunal.

Asimismo, han descrito un sistema de asistencia jurídica gratuita "gravemente falto" de recursos, que dejaba a muchas personas acusadas sin asistencia letrada durante largos periodos, a menudo hasta el comienzo mismo del juicio.

En Malasia, las personas sospechosas de delitos penados con la muerte pueden permanecer hasta 14 días detenidas y, según personas entrevistadas por la ONG, es "habitual" que se inflijan "palizas" a los acusados para obtener "confesiones".

La práctica continúa actualmente, "a pesar del clamor incesante" de las ONG malasias. Una investigación realizada en 2011 por un grupo de trabajo de la ONU ya concluyó que "prácticamente todas las personas detenidas" habían sufrido tortura u otros malos tratos durante su interrogatorio.

CONDENAS POR DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
El informe revela que el 73 por ciento de las personas en espera de ser ejecutados, 930 del total, han sido condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas. Más de la mitad de estas personas, 478, son extranjeras.

Muchas de estas personas alegaron que habían sido coaccionadas o manipuladas para introducir pequeñas cantidades de droga en el país y que no habían empleado violencia de ninguna clase.

Las condenas a muerte por delitos de drogas contravienen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que, según este, los países que aún no hayan abolido la pena de muerte deben limitar su uso a "los más graves delitos", como el asesinato.

El ciudadano malasio de etnia china Hoo Yew Wah fue detenido en 2005 con 20 años en posesión de metanfetamina y declarado culpable en función de una declaración que había hecho en mandarín, su lengua materna, pero que la Policía había registrado en malasio.

Este hombre afirma que la declaración que le obligaron a firmar es inexacta y que la Policía le rompió un dedo durante el interrogatorio y lo amenazó con golpear a su novia si se negaba a firmarla. No contó con la asistencia de un abogado durante el periodo en cuestión. Hoo Yew Wah lleva condenado a muerte desde 2011.

EXTRANJEROS, MINORÍAS ÉTNICAS Y POBRES
Amnistía Internacional también ha denunciado que las cifras de las condenas a muerte en personas extranjeras y pertenecientes a minorías étnicas son altas.

En concreto, de las 1.281 personas condenadas a muerte que, según informes citados por AI, había en Malasia en febrero de 2019, un 44 por ciento, un total de 568, eran extranjeros, que encuentran "graves" obstáculos para acceder a asistencia consular y servicios de interpretación.

A pesar del índice elevado de personas extranjeras condenadas a muerte, y de los múltiples idiomas que se hablan en el país, el derecho malasio no prevé servicios de interpretación para quienes no hablen malayo fuera de las actuaciones en sala judicial. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de casos de personas a las que se pidió que firmaran documentos en malayo a pesar de no entender el idioma.

Además, el número de personas condenadas a muerte pertenecientes a ciertas minorías étnicas de Malasia es "desproporcionado", según AI. Por otra parte, los datos examinados por la organización apuntan a un gran porcentaje de personas procedentes de entornos desfavorecidos.

Asimismo, los casos de muchas mujeres condenadas a muerte ilustran los efectos "demoledores" de la "draconiana" legislación antidrogas de Malasia combinada con la pena de muerte preceptiva, ha destacado la ONG.

Casi 9 de cada 10 mujeres en espera de ejecución son extranjeras condenadas por tráfico de drogas, según AI, que ha añadido que, en algunos casos, las mujeres contaron que tenían problemas económicos o que habían sido coaccionadas para transportar la droga.

"Sin embargo, la pena de muerte preceptiva implica que los jueces no tienen oportunidad de tomar en consideración estas circunstancias", ha lamentado Amnistía Internacional.

SISTEMA OPACO
El derecho malasio no define el proceso de indulto con detalle, y tampoco establece los criterios para aplicarlo ni la manera de notificar una decisión a las personas presas o a sus familiares.

Tampoco se garantiza asistencia letrada a las personas acusadas que solicitan el indulto, y muchas no disponen de ella. Otras ni siquiera lo solicitan, ya sea por desesperación o porque no quieren admitir su culpabilidad en un delito que aseguran que no han cometido.

Existen algunas iniciativas de asistencia letrada gratuita, pero el acceso a estos servicios está controlado por las autoridades penitenciarias y no hay transparencia sobre cómo se concede. Aunque, según la ONG, no se conocen los criterios aplicados, aparentemente afectan a las personas extranjeras. De hecho, la mitad de ellas no ha presentado una solicitud de indulto.

"Un sistema tan secreto impide tener un conocimiento cabal a los habitantes de Malasia", ha afirmado la directora ejecutiva de AI Malasia. "La investigación de Amnistía Internacional demuestra por qué este gobierno debe cumplir sin más dilación su promesa de abolir esta pena cruel, inhumana y definitiva", ha zanjado

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