Quienes desde el exterior aplauden que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, haya disuelto el Congreso respondiendo al bloqueo parlamentario impuesto por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, debieran saber que esa potestad presidencial – cuya ejecución la oposición considera fuera del debido proceso– viene precisamente del momento autocrático de la presidencia de Alberto Fujimori. Esa potestad, no muy extendida en Latinoamérica, también la tuvieron en su día los regímenes de Pinochet y Strössner, y la han incorporado las constituciones bolivarianas de Hugo Chávez y de Rafael Correa.

Uno de los males de las democracias latinoamericanas es la hegemonía presidencial de sus sistemas políticos. En su independencia, las nuevas repúblicas copiaron el ordenamiento constitucional de Estados Unidos, pero dieron al presidente capacidad co-legisladora, desdibujando así la separación de poderes y dando al jefe del Estado un cierto carácter de monarca. Eso, junto con el patrimonialismo que endémicamente inspira el ejercicio del poder en la región, ha llevado a una pobre experiencia democrática.

Con el tiempo ha habido intentos de corrección –en algunos países el Parlamento puede recusar ministros o promover un impeachment, o bien la ciudadanía puede revocar en referéndum al presidente–, pero el resultado ha sido en ocasiones aún mayor presidencialismo: es el caso de aquellos países en los que el presidente puede disolver las Cámaras, algo común en sistemas parlamentarios, pero normalmente impropio de un sistema presidencial donde el presidente ya de por si tiene suficiente poder y debe ser contrapesado por un sólido Parlamento.

Doble vuelta presidencial y cohabitación

Los sistemas electorales de doble vuelta o balotaje, que se han ido generalizando en Latinoamérica, pretendían dar una mayor legitimidad popular a los presidentes, en marcos políticos de decreciente bipartidismo y más multipartidismo, pero la consecuencia ha sido muchas veces una muy complicada cohabitación.

En abril de 2016, en las presidenciales y legislativas, la hija de Alberto Fujimori y su partido fueron con gran diferencia los más votados. La derecha populista de Fuerza Popular logró 73 diputados, del total de 130 del Parlamento unicameral, frente a 20 escaños del izquierdista Frente Amplio y los 18 del partido liberal-conservador de Pedro Pablo Kuczynski.

En la pugna presidencial, Keiko Fujimori logró el 39,86% de los votos, Kuczynski el 21,05% y Verónika Mendoza el 18,74%. La existencia de segunda vuelta hizo que la izquierda apoyara a Kuczynski, aunque luego le dejara solo en el Congreso, donde en cualquier caso Fuerza Popular tenía mayoría absoluta, lo que ya preconizaba un periodo de serias turbulencias políticas. En la segunda vuelta Keiko Fujimori se quedó a apenas 40.000 votos del triunfo.

Caos institucional
El pulso entre Fuerza Popular y Kuczynski, dimitido en marzo de 2018, y luego con su sustituto, Martín Vizcarra, ha tenido un efecto muy corrosivo para la democracia peruana, que ha debido hacer frente a la encarcelación de diversos expresidentes y de la propia Keiko Fujimori (en prisión preventiva) por asuntos de corrupción.

El artículo 134 de la Constitución, aprobada en 1993, al año siguiente del autogolpe de Alberto Fujimori, establece que si el Congreso niega su confianza a dos Consejos de Ministros (la peculiar existencia en Perú de un presidente de gobierno, con características algo inferiores a las del primer ministro en un régimen parlamentario, también pervierte el funcionamiento de un sistema presidencialista clásico), el presidente puede disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. Estas tendrán lugar dentro de cuatro meses, en enero.

La oposición estimó que Vizcarra no siguió el debido proceso (al disolver el Congreso para evitar que Fuerza Popular y el Partido Aprista nombraran miembros del Tribunal Constitucional), declaró vacante la presidencia y luego elevó a ese puesto a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien prefirió dimitir. El apoyo de las Fuerzas Armadas a Vizcarra ha consolidado los planes de este, con una oposición que, aunque ha pensado en boicotear las elecciones, parece prepararse para ellas, a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional.

Sin precio para el presidente
El error del sistema, a juicio del experto Humberto Nogueira, es que al presidente le salga gratis disolver el Congreso. En un estudio publicado en la revista «Estudios Constitucionales» dos años atrás, este jurista chileno advierte que «no es casualidad que el mecanismo de la disolución parlamentaria sin poner en juego la estabilidad presidencial haya sido implementada en los presidencialismos autoritarios de la segunda mitad del siglo XX».

A su juicio, el uso de estos mecanismos «potencia aún más el conflicto y la crisis del sistema institucional democrático, ya que si luego de censurar el gobierno, el Presidente disuelve el Congreso y convoca a nuevas elecciones, si de esas nuevas elecciones se ratifica a la mayoría parlamentaria opositora al Presidente, el conflicto queda instalado en su máxima potencialidad, ya que el Presidente es inamovible hasta el término de su mandato, agudizándose así la parálisis y bloqueo del sistema político».

Nogueira cree que el uso de la disolución parlamentaria en régimen presidencialista «solo puede utilizarse como mecanismo equilibrador, si frente a una reconfirmación de la mayoría parlamentaria por el electorado, el Presidente de la República tuviera la obligación de abandonar sus funciones y dar paso a una nueva elección presidencial».

Es posible que Vizcarra cuente con que Fuerza Popular tenga menor peso tras las próximas elecciones, pero si él mismo tuviera el riesgo de perder el puesto en caso de que el próximo Congreso censure de nuevo su actuación muy probablemente se lo habría pensado mejor antes de disolverlo, imponiéndose un obligado entendimiento de última hora entre el poder ejecutivo y el legislativo. Pero el hiperpresidencialismo, como su nombre indica, supone un desequilibrio de poderes.

abc

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